WASHINGTON, DC.- Legisladores republicanos abogaron hoy por una “solución real”, que incluya fondos para la seguridad fronteriza del país, para otorgar la ciudadanía a los aproximadamente 1,8 millones de jóvenes indocumentados que residen en el país y que llegaron de manera irregular siendo niños.
“Necesitamos una solución real, que ponga de acuerdo a los miembros de ambos partidos. Creo que vincular la seguridad fronteriza con el camino a la ciudadanía es la manera para conseguirlo próximamente”, señaló el representante de la Cámara Baja, el republicano Jeff Denham, en un encuentro organizado por el grupo hispano conservador The Libre Initiative en Washington.
Denham aseguró que miembros de su propio partido están ahora “mucho más receptivos” con la idea de dar acceso a la ciudadanía a los jóvenes beneficiarios de Acción Diferida (DACA), aunque reconoció que se necesita más tiempo para alcanzar acuerdos.
El representante por California consideró que legislar en temas migratorios con órdenes ejecutivas, tal como hizo el expresidente Barack Obama (2009-2017) al implantar la política DACA y el presidente, Donald Trump, para cancelarla, “no es la manera correcta de hacerlo”.
“El Congreso tiene que ser quién llegue a acuerdos en estas cuestiones”, agregó Denham, que indicó que trabajará para llegar a una solución antes de final de 2018.
El senador republicano James Lankford, también presente en el acto, apuntó que el reto actual “es tener la atención de todos los senadores” para abordar este tema migratorio y poder poner remedio en los próximos meses.
Lanford coincidió en señalar que la seguridad fronteriza, un término que incluye fondos para la construcción del muro con México, aumento de personal y mejoras tecnológicas, es la mejor manera para llegar a un consenso entre ambos partidos y proveer la ciudadanía a los “soñadores”.
A finales de junio, los líderes republicanos de la Cámara Baja fracasaron de nuevo en aprobar una ley migratoria con la que pretendían dar un camino a la ciudadanía a 1,8 millones de jóvenes indocumentados, pero también recortar la inmigración legal y dotar de financiación la construcción del muro con México.
Los “soñadores” se encuentran en un limbo legal después de que el Tribunal Supremo dejara sin efecto real la fecha límite del 5 de marzo fijada por Trump para poner fin a DACA y fallara que el Gobierno debía seguir aceptando solicitudes y renovando permisos de jóvenes indocumentados.