AUSTIN, TX.- Las organizaciones en defensa de los inmigrantes rechazaron hoy “el sentimiento de victoria” que el Gobierno de EE.UU. se atribuye tras la primera fase de reunificación de los menores inmigrantes separados de sus familias en la frontera con México como consecuencia de la política de “tolerancia cero”.
El Departamento de Salud (DHS, por sus siglas en inglés) anunció hoy en un comunicado que 57 niños menores de cinco años regresaron junto a sus familias y que otros 46 se mantienen en centros de detención temporales por “diferentes motivos de seguridad”.
Una corte federal había requerido que se devolviera a 103 pequeños menores de cinco años a sus familias antes del 10 julio, plazo que el Gobierno sobrepasó por dos días.
La directora de abogacía y política de United We Dream, Sanaa Abrar, valoró en declaraciones a Efe que esta Administración “no tiene ningún plan serio” para solventar el problema y que, en su opinión, es “repugnante” que celebren una cifra que “no ha estado ni tan siquiera cerca” de la obligación judicial.
“Parece que su lema es ‘mantener a las familias unidas… en prisión’, por lo que a corto plazo el objetivo es lograr la reunificación, pero a largo plazo hay que frenar la criminalización de la migración”, detalló Abrar.
En este sentido, el director de comunicación de la ONG Texas Civil Rights Project (TCRP, en inglés), Zenén Jaimes, advirtió de que los procesos penales migratorios son “largos” y confrontan con otras normas sobre la estancia de los niños en prisión, lo que aumenta la “complejidad” de su resolución.
Jaimes, cuya organización ayuda a más de 350 familias inmigrantes, reconoce que los padres no cesan de preguntar sobre el momento en el que podrán volver a ver a sus hijos y que ellos tratan de ser “honestos” contestando con un simple, pero real, “no sabemos”.
“Una buena pregunta para el Gobierno es la razón por la que no han buscado otros familiares si esos niños no podían ir con sus padres, desconocemos cual es su plan o como será el proceso para unirlos”, admitió a Efe el miembro de TCRP.
Cerca de 3.000 menores fueron separados de sus padres desde que el pasado mes de abril la Casa Blanca decidiera aumentar la presión migratoria en la frontera con México, y que llevó al juez federal Dana Sabraw a fijar el 26 de julio como fecha límite para reunificar a estas familias.
Por este motivo, las autoridades han estado trabajando a contrarreloj para certificar la relación familiar de los menores y sus progenitores, tarea para la que destinó incluso a un equipo de 230 personas encargadas de realizar pruebas de ADN que permitieran establecer el parentesco.
Sin embargo, la improvisación de estas acciones no genera “una buena señal” entre los activistas, que tienen pocas esperanzas de que el Gobierno cumpla con los plazos establecidos para el resto.
La coordinadora de organización de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), Martha Sánchez, lamentó que “si a pesar de todos los recursos” de los que dispone Estados Unidos como “primer país del mundo”, carece de la “habilidad” para reunir a cien niños, será difícil que lo hagan con casi 3.000.
Sánchez ejemplificó, en una entrevista con la Agencia Efe, que en su asociación tuvieron el caso de un padre mexicano separado de sus dos hijos que además, al estar él en prisión acusado de entrada irregular reiterada, fueron deportados del país.
“El papá estaba desesperado por conocer su paradero y nos contactó, así que con la ayuda del gobierno de México buscaron a los parientes de esos niños durante dos semanas; ¿cómo puede ser que aquí no se haga lo mismo antes de dejarlos detenidos o entregarlos en adopción?”, cuestionó.
La coordinadora de LUPE atribuyó esta situación a “la falta de competencia” de las autoridades, que manejan la crisis al estilo “arrebatado” del presidente: “Él ordena una cosa con inmediatez, sin preguntar primero por la solución posterior”, dijo.