TUCSON (AZ).- El proceso que sigue la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para investigar quejas y denuncias de abusos en contra de inmigrantes indocumentados “refleja un patrón de supervisión fallida que requiere una reforma”, indica un informe de la organización binacional Kino Border Iniciative (KBI) dado a conocer.
El reporte, realizado en conjunto con los jesuitas en Canadá y Estados Unidos, destaca la insuficiencia del sistema para dar seguimiento a quejas presentadas de forma oficial ante esta agencia federal.
KBI, una organización binacional dedicada a inmigrantes en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora (México), presentó 49 denuncias desde octubre del 2015 hasta marzo del 2017 en nombre de inmigrantes que se quejaron de abuso por parte de agentes fronterizos.
De estos 49 casos, solo 13 fueron investigados, mientras que los 36 restantes solo recibieron una notificación de que la queja fue recibida.
“La investigación es un proceso eficaz de supervisión, es necesaria tanto para proteger la dignidad humana de los individuos que cruzan la frontera como para mejorar la capacitación y el profesionalismo de agentes y oficiales”, indicó el director ejecutivo de KBI, Sean Carroll.
El reporte, que lleva el nombre en inglés de “Intake Without Oversight: Firsthand Experiences with Custom and Border Protection Complaints Process”, encontró que la mayoría de las quejas eran investigadas únicamente por la administración a nivel local y por los órganos de supervisión independientes encargados de rendir cuentas como la Oficina del Inspector General.
El informe destaca varios casos de quejas presentadas, como el de “Ignacia”, una mujer que tenía ocho meses de embarazo y un tobillo herido, que había lastimado durante una caída en el desierto intentando cruzar ilegalmente la frontera.
El 1 de diciembre del 2015, la mujer fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza y a pesar de informarles de su embarazo no recibió atención médica.
Durante su detención solo recibió comida cada seis horas, le negaron su derecho de hablar con representantes del consulado México y fue deportada tres días después de su detención.
KBI presentó una queja en nombre de Ignacia el 7 de diciembre del 2015 y fue hasta enero del 2016 que recibieron una notificación indicando que la queja era “infundada” ya que el agente a cargo de la estación de la Patrulla Fronteriza en Douglas, Arizona, habló con el oficial que hizo la detención y este aseguró que la mujer nunca pidió asistencia médica y tampoco “notó” que estuviera embarazada.
El reporte, que indica que el proceso “requiere una reforma por parte del Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso”, recomienda incrementar los fondos a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP, departamento encargado de investigar este tipo de quejas.
También recomienda que el contacto entre oficiales del CBP y los detenidos sea grabado, apoyando el uso de cámaras de vídeo en los uniformes de los agentes de la Patrulla Fronteriza.