LOS ÁNGELES, CA.- En un momento en el que el Gobierno del presidente Donald Trump intensifica su batalla contra defensores de los migrantes y el estado de California, la activista indocumentada Lizbeth Mateo abre una oficina de ayuda legal en una zona de Los Ángeles con fuerte presencia de autoridades migratorias.
“Por aquí los veo pasar todos los días, soy consciente de que ahora estaré más visible para los agentes de Inmigración pero no tengo miedo, y no voy a esconderme”, dice en entrevista con Efe Mateo, la primera indocumentada que es nombrada como asesora de un comité del Senado de California.
Sobre una de las principales vías que bordean el puerto de Los Ángeles cuelga un aviso grande con el nombre de la inmigrante mexicana, que este sábado hizo realidad el sueño de tener su propio bufete de abogados para defender a la comunidad latina.
Como miles de indocumentados, Mateo colocó su nombre al frente de su negocio en reconocimiento al esfuerzo de todos estos años.
La diferencia, con otros inmigrantes que no cuentan con estatus legal, es que el nombre de Mateo, sus datos personales y su historia de desafíos legales han estado varias veces en poder de las autoridades de Inmigración, e incluso estuvo arrestada en un centro de detención.
Además de los encuentros con oficiales de la Patrulla Fronteriza (CBP), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Mateo alcanzó notoriedad esta semana cuando el Senado de California la eligió para brindar orientación en la Legislatura.
“Mientras Donald Trump se fija en muros, California continuará concentrándose en oportunidades”, afirmó Kevin De León, presidente encargado del Senado, al hacer el anuncio de la elección de Mateo para este puesto esta semana.
“Es una joven mujer valiente, determinada e inteligente que, a gran riesgo personal, se ha dedicado a luchar por aquellos que buscan el lugar que les corresponde en este país”, agregó.
El peligro al que se refiere De León es real. Sólo hay que recordar las recientes acciones de Inmigración en contra activistas indocumentados como Maru Mora-Villalpando o el arresto de Ravi Ragbir, director de New Sanctuary Coalition.
Esta no sería la primera vez que la oaxaqueña, que llegó a Estados Unidos junto a sus padres y sus dos hermanos hace casi 20 años, se enfrenta al sistema de inmigración para lograr espacios para los indocumentados.
En julio de 2013, Mateo hizo parte de un grupo de “soñadores” que salieron a México para regresar al país con otros jóvenes que habían sido deportados.
“Yo no quise solicitar el DACA antes de salir del país porque no quería tener una ventaja sobre mis compañeros, teníamos que estar todos en la misma situación”, reflexiona Mateo.
El grupo, conocido como “Dream 9”, fue arrestado por agentes de CBP cuando trataron de ingresar por el paso fronterizo de Nogales, en Arizona. Los jóvenes estuvieron varias semanas detenidos.
Ocho de los compañeros de lucha de Mateo pelean todavía por sus peticiones de asilo político y tienen un permiso de trabajo.
La oaxaqueña fue la única del grupo que quedó sin ningún amparo. “El gobierno de Obama no quiso usar la discreción que tenía para aprobar mi solicitud de DACA y con Trump no hubo ninguna opción”, explica.
Aunque mantiene su lucha por los “soñadores”, la mexicana se ha enfocado en pelear por los indocumentados más vulnerables, aquellos que no tienen ningún vínculo con el país o que incluso tienen antecedentes criminales.
“Ellos me recuerdan a mis padres, gente que trabaja en un restaurante, en una fábrica y que están al final de la fila”, indica.
Mateo explica que una victoria en esta clase de luchas representaría un triunfo para la causa en general. Por eso, se empeñó en colocar su oficina de asesoría legal.
A pesar de no contar con un permiso de trabajo, la abogada graduada de la Universidad Santa Clara pudo obtener su licencia gracias a una ley de California que permite a ciertos profesionales ejercer de forma independiente.
Mateo abrirá las puertas de su bufete en un área de Los Ángeles donde además de los agentes del ICE, CBP también tiene jurisdicción.
Ella sabe que, por órdenes de la Administración Trump, las acciones de CBP han aumentado en Los Ángeles y que los detenidos en estos operativos terminan en el centro de detención cercano a la frontera con México para tratar de realizar deportaciones expeditas.
A pesar que el panorama no se muestra alentador, la mexicana no piensa borrar el nombre de la puerta de vidrio que identifica la casa de su nueva lucha.
“Incluso estando en la cárcel hice activismo y, aunque en ese momento no era abogada, luché por ayudar a los que estaban allí. Ahora estoy más segura de los derechos que tenemos y de lo que soy, no creo que les convenga tener una persona como yo detenida”, advierte.