SAN DIEGO, CA.- Las abogadas del mexicano Juan Manuel Montes, quien se cree es el primer beneficiario de la Acción Diferida (DACA) deportado bajo la administración del presidente Donald Trump, pidieron que su cliente pueda regresar a EE.UU. mientras preparan el caso para llevar a juicio.
Montes, de 23 años, demandó al Gobierno estadounidense en una corte de San Diego, California, por presuntamente haberlo expulsado del país pese a que se encontraba amparado bajo DACA.
Durante la audiencia, el juez federal Gonzalo Curiel escuchó argumentos de ambas partes y dijo considerará si permite el regreso bajo libertad condicional para que el inmigrante mexicano, quien se ha dicho padece de un problema cognitivo, testifique en persona.
A su vez, solicitó al Gobierno entregar evidencia necesaria para el caso, tales como registros y videos del día de la deportación, así como los nombres de los oficiales que estaban en funciones.
“Es importante que también esté aquí antes de un juicio y durante el procedimiento de descubrimiento para que podamos mover las cosas y agilizarlas más rápidamente”, dijo a la prensa Nora Preciado, abogada con el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), que representa al mexicano.
Montes señala que fue detenido por la Patrulla Fronteriza el pasado 18 de febrero en la ciudad californiana de Calexico, cerca de la frontera con México, y dado que no traía su cartera consigo, con la cual podría haber confirmado que era beneficiario de DACA, fue deportado esa misma madrugada.
Una vez en México, asegura, fue víctima de un asalto, por lo que decidió cruzar sin documentos la frontera, donde fue detenido y deportado de nuevo.
El Gobierno estadounidense dice no tener registros de la primera deportación, por lo que insinúan que éste cruzó a México por su cuenta, lo que lo hizo perder su protección de DACA dado que no solicitó el permiso correspondiente.
El juez Curiel, que presidió el juicio de fraude con la Universidad Trump en 2006 y que fue acusado entonces por el magnate neoyorquino de “conflicto de intereses inherente” por el hecho de tener origen mexicano, contemplaba llevar el caso a juicio lo más pronto posible.
Sin embargo, ambas partes coincidieron en que necesitarán por lo menos hasta diciembre para analizar la evidencia y preparar sus argumentos.
“La corte entiende que este caso es muy serio y es esencial saber exactamente lo que le pasó a Juan Manuel”, declaró Mónica Ramírez, parte del grupo legal que representa al joven mexicano, que contaba con permiso vigente hasta 2018, según corroboraron autoridades estadounidenses.
Christian Ramírez, activista con el grupo Alliance San Diego, dijo que es preocupante que se esté atentando contra jóvenes que están amparados bajo este programa federal.
“Es importante proteger la integridad de DACA y la mejor manera de hacerlo es mandar un mensaje muy claro que las autoridades federales tienen la obligación el día de hoy de ejercer su responsabilidad de proteger las leyes federales y una de esas leyes es DACA”, precisó.