Los Ángeles, CA.- Abogados de inmigración alertan de que la nueva política del Gobierno de EE.UU. de retornar a México a solicitantes de asilo será una “debacle” que, opinan, obstaculiza el derecho a obtener asesoría legal y pone en riesgo el debido proceso al que todas las personas tienen derecho en el país.
“Es claramente un ataque a los solicitantes de asilo que vienen de Centroamérica y México porque les están quitando el derecho del proceso debido establecido por la ley. Esto significa una debacle para el sistema de asilo”, advirtió a Efe el abogado Víctor Nieblas.
El “Protocolo de Protección a Migrantes” (MPP, por su sigla en inglés), que establece que migrantes que pidan asilo a EE.UU. y no puedan demostrar que su vida corre peligro en México permanecerán en el país vecino mientras se procesa su petición, comenzó a ponerse en práctica el martes 29 de enero con la devolución de un hondureño.
El expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) recalcó que la medida no otorga todas las protecciones que la ley establece para los solicitantes, como tener acceso a un abogado, consejo y representación legal.
Por este motivo, grupos de defensa de los derechos civiles ya anticiparon que podrían acudir a los tribunales para frenar su aplicación.
Tradicionalmente los solicitantes de asilo que ingresaban al país por puertos fronterizos o eran detenidos al pasar la frontera podían realizar dentro de Estados Unidos el proceso, bajo el plan MPP, estos inmigrantes tendrán que esperar en México, incluso si su caso es enviado frente a un juez de inmigración.
Leidy Pérez-Davis, consejera de AILA, advirtió a Efe que el plan representa un problema complejo y de varias aristas para los abogados de inmigración.
La experta advierte que el primer obstáculo que enfrentan los solicitantes es que el plan no permite el acceso a un asesor legal en las dos primeras evaluaciones que realizan las autoridades federales en la frontera.
En este punto, la administración se resguardó bajo la ley que restringe la presencia de un abogado en una “inspección primaria o secundaria” en un puerto de entrada.
Pérez-Davis resalta que no permitir tener un abogado presente en estas evaluaciones afectará el caso del solicitante, porque ahora además de demostrar que tiene motivos para solicitar el asilo, el solicitantes deberá probar que su vida corre peligro si es regresado a México.
“El peligro en las zonas fronterizas en México es real, pero conseguir las pruebas de esto será muy difícil, incluso para los mismos mexicanos”, agregó Nieblas.
El problema por la falta de representación legal no terminaría cuando el migrante es aceptado en el programa MPP, y Nieblas y Pérez-Davis aseguran que en ese momento el desafío aumenta exponencialmente.
Y ponen como ejemplo cómo sabrán los migrantes qué servicios legales contactar.
La Patrulla Fronteriza (CBP) afirma que las personas recibirán una “lista” con los proveedores de servicios legales locales sin ánimo de lucro o a bajo costo. Sin embargo esos proveedores locales ya están abrumados de casos.
Pérez-Davis también advierte que no hay “nadie” que pueda supervisar cómo las autoridades están entregando esta información.
El acceso a los recursos y documentos, como traducciones, documentos de identidad, y certificados de nacimiento, entre otros, clave que una persona necesita para ser considerado creíble, y para probar su caso también estará severamente restringido.
Nieblas, también llama la atención sobre los costos que se incrementan para poder atender a clientes que están fuera del país. “De por si los recursos de esos solicitante son limitados o no tienen, qué va a pasar ahora cuando el abogado tiene que ir hasta México” se pregunta.
El director ejecutivo de AILA, Benjamin Johnson, calificó en un comunicado el nuevo plan como “un juicio rápido, como un rayo, que terminará antes de que una persona que llega a la frontera entienda lo que es el asilo”.
En la implementación del programa piloto, México recibirá diariamente a grupos de aproximadamente 20 migrantes centroamericanos que cumplan con requisitos establecidos anteriormente, tales como ser adultos, no ser menores no acompañados y no tener historial criminal o problemas de salud.