WASHINGTON.- La política migratoria del presidente Donald Trump tuvo un claro impacto en el envío de remesas a América Latina, que en 2017 experimentó un aumento del 8% empujado por el miedo a la deportación de numerosos inmigrantes, según un estudio divulgado hoy por el centro Diálogo Interamericano.
El volumen de remesas recibidas en la región el año pasado alcanzó 75,000 millones de dólares, lo que supone, en realidad, una estabilización en relación con los datos de 2016, cuando el repunte fue igualmente de un 8%, hasta situarse en los 70,000 millones.
Sin embargo, no se puede negar la evidencia de que la actual política migratoria del Gobierno de Trump, quien ha expresado en reiteradas ocasiones la importancia de reducir la inmigración y aumentar el número de deportaciones, ha tenido un claro impacto en el envío de dinero a sus vecinos del sur.
Especialmente claro resulta este efecto entre los países beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que fue creado para dar alivio a naciones que habían sufrido graves crisis humanitarias y al cual pretende poner fin el actual presidente estadounidense.
El pasado noviembre, la Casa Blanca ya dejó sin esta protección a los nacionales nicaragüenses, mientras que hondureños, salvadoreños y haitianos se encuentran en la cuerda floja.
“Más de la mitad de los inmigrantes tienen miedo de la actual retórica. Esto tiene un efecto psicológico en los emisores”, apuntó hoy en la presentación del estudio Manuel Orozco, director del programa de remesas, migración y desarrollo del citado centro de estudios con sede en Washington.
De acuerdo con los datos recopilados por Diálogo interamericano, Haití (15 %), Honduras (13 %), Nicaragua (11 %) y El Salvador (10 %), se encuentran en el grupo de siete naciones cuyo incremento en la recepción de remesas experimentó el año pasado un crecimiento porcentual de dos dígitos.
Los otros países que completan esta lista son Colombia (15 %), Guatemala (14 %) y la República Dominicana (12 %).
Esta situación supone un grave problema para los países receptores, algunos de los cuales aún no han logrado recuperarse de la situación que les llevó a ser incluidos en el programa del TPS en un primer lugar, puesto que si sus condiciones no han mejorado “es difícil imaginar” que un retorno masivo pueda resultar positivo, analizó Orozco.
Una reciente encuesta realizada por esta institución mostraba que cerca del 55% de los inmigrantes en Estados Unidos considera que una reforma migratoria podría afectar a sus comunidades, mientras que un 31 % teme poder ser deportado.
Uno de los argumentos esgrimidos por Orozco para defender la importancia de este flujo es el peso que las remesas tienen en los países receptores, cuyo crecimiento económico está “fuertemente relacionado” con la recepción de esos fondos.
En este sentido, Paul Dwyer, director ejecutivo de la empresa Viamericas, secundó a Orozco al defender el importante papel que juegan las remesas como “válvula de seguridad” para las economías más “frágiles” de la región y recalcó que va contra los intereses estadounidenses el acabar con estos flujos de dinero.
Además, Dwyer defendió el peso de la inmigración en la industria estadounidense, tal y como confirman diversos estudios que apuntan que, por ejemplo, los 128,790 trabajadores salvadoreños generaron 3,100 millones de dólares y los 15,257 haitianos, unos 279 millones en 2015.
“Tenemos que dejar a un lado la demonización y centrarnos en las necesidades de la industria, en las necesidades de nuestros países vecinos y en la importancia que este flujo tiene para su PIB (producto interior bruto). Entender que no beneficia a nadie ver estos flujos interrumpidos, ni deportaciones masivas que aumenten la desestabilización”, sentenció Dwyer.