WASHINGTON, DC.- El plan conocido como “tolerancia cero” impulsado por el fiscal general, Jeff Sessions, a principios de mayo ha provocado ya la separación de más de 650 niños de sus padres, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Concretamente, entre el 6 y el 19 de mayo, un total de “658 niños y 638 adultos” han sido separados en la frontera sur del país con México, tal como explicó hoy el subdirector del programa de operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Richard Hudson, en un panel del Senado sobre seguridad fronteriza.
Estos son los primeros datos que se hacen públicos después de que el Departamento de Justicia anunciara el 6 de mayo que presentará cargos penales contra todos los extranjeros atrapados cruzando la frontera ilegalmente, un esfuerzo que pretende frenar la inmigración clandestina.
La medida envía a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).
Las regulaciones, elaboradas por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, proporcionan nuevas reglas sobre cómo deberían tratarse los niños detenidos, reemplazando efectivamente un decreto de consentimiento de 1997 que, junto con dos leyes federales más recientes, guía esas decisiones.
Antes de que esta orden entrara en vigor, el diario The New York Times reportó que más de 700 niños habían sido separados de adultos que dicen ser sus padres entre octubre y abril, una cifra comparativamente muy inferior a la registrada en las dos semanas de mayo citadas.
Los datos que hizo hoy públicos Hudson llegaron después de que la senadora por California Dianne Feinstein criticase que esta reglamentación pone en peligro el bienestar de los menores que, recordó, “huyen de sus países por miedo a ser secuestrados, maltratados, violados o, incluso, asesinados”.
El principal argumento de los funcionarios de las autoridades migratorias presentes en el panel del Senado fue que las organizaciones criminales como la MS-13 (Mara Salvatrucha) reclutan a sus miembros entre los menores que entran de manera irregular en el país cruzando la frontera.
De hecho, el jefe de la Oficina de Detención y Deportación (ERO), Matthew Albence, dijo que durante el año fiscal 2012, 167 menores que fueron detenidos en la frontera tenían supuestos lazos con organizaciones violentas, 60 de ellos con la MS-13.
Al escuchar estos números, el senador demócrata por Illinois Dick Durbin señaló que, según datos oficiales, en el periodo citado por Albence, unos 250.000 menores no acompañados cruzaron la frontera sur del país.
“Tenemos que mirar estos datos con perspectiva. La inmensa mayoría de los niños que viene a este país huyendo de Guatemala, Honduras y El Salvador lo hace por la violencia de su país, no para unirse a bandas”, apuntó Durbin.
En este sentido, Alysa Erichs, de la rama de Investigaciones del DHS, indicó sin salirse del discurso oficial que la misión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es “proteger al país del crimen organizado que se da en la frontera y de la inmigración ilegal que amenaza la seguridad nacional y pública”.
Por otro lado, el senador lamentó que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera terminar el año pasado con un programa (Libertad Condicional) que permitía solicitar estatus de refugiado a niños y jóvenes inmigrantes que huyen de la violencia en Centroamérica desde sus propios países, sin tener que cruzar irregularmente la frontera.
Según Durbin, acabar con ese plan migratorio “únicamente da más oportunidades a las bandas criminales para seguir reclutando a jóvenes”.