Inmigración

Piden a Trump tiempo razonable para tramitar 154 mil renovaciones de DACA

DACA

La decisión de la Corte se da a una semana del 5 de marzo, plazo que dio la administración para rescindir DACA, y el mismo día que el Tribunal Supremo rechazó una petición del Gobierno de Trump, que quería que el alto tribunal sentara un procedente a nivel nacional y le permitiera acabar con el programa. Foto EFE/Archivo

LOS ÁNGELES, CA.- Activistas, grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y políticos aumentan la presión sobre la Casa Blanca para que amplíe el plazo para que los “soñadores” puedan renovar su amparo migratorio bajo la Acción Diferida (DACA).

“Esta directriz fue tan repentina que muchos de estos soñadores que califican no saben, y pueden perder la oportunidad”, explicó a Efe Luz Gallegos, del centro legal TODEC, en California.

Gallegos dijo que es muy corto el plazo de un mes, que vence en nueve días, el próximo 5 de octubre, para realizar unas 154.000 renovaciones de DACA y conseguir los casi 500 dólares que cuesta.

Señaló que la extensión del DACA, una alivio temporal otorgado a jóvenes que de niños fueron traídos indocumentados por sus padres, es especialmente crucial para las zonas alejadas de las grandes ciudades.

Este lunes 38 senadores demócratas liderados por los congresistas Bob Menéndez, Bill Nelson y Richard Blumenthal instaron al Gobierno del presidente Donald Trump a extender ese plazo.

En una carta enviada a la secretaria interina de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, los legisladores argumentan que los “soñadores” que califican para la extensión pudieron ser afectados por alguno de los tres huracanes que azotaron recientemente Estados Unidos.

Advirtieron de que estados como Texas y Florida, azotados por las emergencias, tienen un gran número de beneficiarios del programa creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.

En el mismo sentido se han pronunciado Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), Catholic Charities USA y la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB/MRS).

David Lapan, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), dijo a Efe que como ocurre con cualquier desastre, ellos evaluarán el impacto en beneficiarios que viven en las áreas afectadas por las catástrofes.

El Gobierno de Trump anunció el pasado 5 de septiembre la eliminación del programa que favorece, según el DHS, a unos 690.000, medida que será efectiva a partir del el 5 de marzo del próximo año.

No obstante, hay 154.000 “soñadores” que pueden extender el permiso de trabajo por dos años más antes del 5 de octubre.

Sin embargo, ese plazo es poco para el caudal de renovaciones, según el grupo National Partnership for New Americans, que reúne a 37 de las más grandes organizaciones defensoras de los inmigrantes en el país.

“El efecto real de este plazo de 5 de octubre es que debe haber 5.433 solicitudes presentadas cada día, incluidos los fines de semana, si los 154.000 actuales titulares DACA cuyos permisos expiran en los próximos seis meses presentan la solicitud”, señala la carta dirigida a Duke.

“Esto significa que 214 solicitudes deben presentarse cada hora, durante 30 días. La fecha límite del 5 de octubre es simplemente impracticable”, agrega la carta.

Los grupos además presionan al Congreso para que apruebe una legalización permanente para los “soñadores” y luchan al mismo tiempo contra leyes antiinmigrantes en los estados.

“La lucha tiene demasiados frentes”, advirtió a Efe Chris Valdez, de United We Dream, al explicar que en Texas, los soñadores también luchan contra SB4, que habilita a los agentes del orden el pedir documentación o preguntar sobre el estatus migratorio.

Lapan dijo que Duke no ha decidido ampliar el plazo y que “cualquier prórroga tendría que ser “consistente con la orientación legal proporcionada por el Departamento de Justicia”.

En ese sentido los grupos urgen a los soñadores a agilizar el trámite. “No pierda la oportunidad de seguir asegurando su futuro y peleando por una solución permanente”, insistió Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

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