DENVER, CO.- Dirigentes de la Coalición Santuario de Metro Denver y de otras organizaciones pro-inmigrantes de Colorado pidieron hoy al gobernador local que “reconsidere” su decisión de no perdonar a una peruana indocumentada que se halla a las puertas de su deportación.
Durante una marcha desarrollada frente al Capitolio estatal en Denver, los dirigentes le solicitaron al gobernador, John Hickenlooper, conceder un perdón ejecutivo o hacer uso de la “aplicación de clemencia” a favor de Ingrid Encalada Latorre, antes de que la indocumentada se vea forzada a regresar a Perú dentro de cinco días.
El pasado 14 de septiembre, Hickenlooper negó un indulto a favor de la peruana y explicó que el crimen de Encalada Latorre, el uso ilícito de la identidad de otra persona para obtener y mantener un trabajo, causó que la víctima “pasase años sufriendo importantes consecuencias impositivas y casi perdiendo los beneficios del gobierno”.
Otorgar el perdón, sostuvo el mandatario, establecería el indeseado precedente de perdonar a una persona para evitar que sea deportada cuando “su crimen la volvió no elegible para cancelar su salida según los estatutos federales”.
Según la dirigente Jennifer Piper, el perdón del gobernador no significaría la anulación del delito cometido por Encalada Latorre en 2010, sino que sería una manera de “restaurar el equilibrio entre nuestro sistema de inmigración y nuestro sistema de justicia criminal”.
“Ella no sabía que los documentos comprados le pertenecían a otra persona ni tampoco sabía el daño que le estaba causando a la otra persona al usar esos documentos”, puntualizó la dirigente.
Por el delito, Encalada Latorre, casada y con dos hijos, pasó poco más de dos meses en la cárcel y cuatro años y medio en libertad condicional, además de pagar 11.500 dólares en restitución a la víctima y pedir perdón ante el juez por sus acciones.
La declaración de culpabilidad por el uso de documentos falsos motivó que las autoridades federales de Inmigración ordenaran la deportación de la inmigrante, orden postergada varios años hasta noviembre de 2016.
Encalada Latorre, que llegó a EEUU en el año 2000, buscó entonces santuario en una iglesia de Denver, donde permaneció hasta mayo de este año, cuando se reabrió su caso.
Tres meses después, un juez del condado Jefferson, al oeste de Denver, falló en su contra y se fijó su deportación para mediados de septiembre, fecha que luego se postergó hasta el próximo 17 de octubre.
“Ingrid fue arrestada y será deportada por un simple acto de supervivencia”, opinó Piper.