Pacto abre posibilidad de asilo para padres deportados separados de sus hijos

El pacto aún depende de la decisión del juez federal Dana Sabraw, que preside la demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) por la separación de niños de sus padres en la frontera con México

Familias de migrantes caminan tras ser procesadas en la Estación Central de Autobuses de McAllen, Texas, en junio de 2018. Algunos padres e hijos que fueron separados y varios de ellos deportados, tendrían ahora una segunda oportunidad de pelear su petición de asilo. EFE/LARRY W. SMITH
EFE

SAN DIEGO, CA.- El acuerdo entre niños y padres demandantes y el Gobierno federal abriría la puerta para que “algunos” parientes deportados separados de sus hijos puedan de nuevo solicitar el asilo como parte de la demanda legal por la política de “cero tolerancia” del Gobierno de Donald Trump.

El pacto aún depende de la decisión del juez federal Dana Sabraw, que preside la demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) por la separación de niños de sus padres en la frontera con México.

Según documentos de la Corte a los que tuvo acceso Efe, ambas partes llegaron a un acuerdo preliminar que de aprobarse además permitiría la revisión de cientos de solicitudes de asilo político de inmigrantes que ya contaban con una orden de deportación.

“Si la Corte aprueba, le daría a muchas familias una segunda oportunidad de buscar asilo y deja abierta la posibilidad para algunos padres deportados a que regresen a Estados Unidos”, manifestó ACLU.

Los abogados demandantes han argumentado que al verse alejados de sus hijos, los padres perdieron el enfoque hacia sus procesos legales dado que su preocupación era conocer el paradero de los menores.

De esta forma, los padres que en un inicio no habían pasado su entrevista tendrán una nueva oportunidad para demostrar “miedo creíble de persecución o tortura”.

De avanzar de esta etapa, ya sea el menor o su progenitor, se permitirá que la familia presente su solicitud en conjunto, según precisan los documentos de la Corte.

Detallan que como parte de este acuerdo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) “hablará de nueva cuenta con el individuo para obtener datos adicionales” en presencia de su abogado ya sea en persona si las autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) lo consideran pertinente o de lo contrario, vía telefónica.

Si la petición de asilo del padre es denegada, se le permitirá permanecer en el país mientras continúa el proceso legal de su hijo. En caso de que el menor pase la entrevista de “miedo creíble”, el padre podrá seguir peleando su caso y viceversa.

Si bien, el Gobierno de Trump mantuvo su oposición a que se permita el regreso de algunos padres que fueron deportados sin sus hijos para que pudieran pelear su caso de asilo, dejará ahora la puerta abierta para contadas excepciones.

Los abogados del Departamento de Justicia reconocieron que en base a lo dicho por el equipo legal que representa a los padres afectados, dichos casos serían “raros e inusuales”.

De ser así, se tendría un periodo de 30 días para presentar la evidencia necesaria para que el gobierno evalúe la respectiva petición.

En el caso de los niños que forman parte de una de las tres demandas colectivas, y cuyos padres ya fueron deportados del país, el gobierno acordó no oponerse a la posibilidad de que los papás testifiquen vía telefónica o por escrito, o que se acepten documentos “fotocopiados, escaneados o enviado por fax” como parte de la evidencia en los procesos de asilo.

Por su parte, los abogados de las familias deberán identificar los casos de los miembros de la demanda que ya no se encuentran en el país y que prefieren renunciar a este derecho con el fin de que su hijo sea trasladado a su país de origen cuanto antes.

La propuesta será presentada ante el juez Sabraw durante la audiencia programada para este viernes cuando se cumplen cincuenta días desde que venció el plazo establecido para que el gobierno reunificara a las más de 2.000 familias que separó en la frontera.

En una vista previa, abogados del gobierno federal habían estimado que cerca de 1.000 padres contaban con una orden de deportación, aunque la orden judicial impuesta por el juez había prevenido que éstos fueran expulsados.