SAN DIEGO, CA.- La alta presencia de agentes migratorios y las numerosas redadas en un vecindario californiano fronterizo con México derivó en el despliegue de las llamadas “patrullas comunitarias”, conformadas por activistas que buscan salvaguardar los derechos de lo más vulnerables.
Desde antes del amanecer, al menos dos vehículos de la “autodefensa comunitaria” salen a vigilar una a una las calles de Linda Vista en San Diego, en donde reside un buen número de inmigrantes mexicanos y vietnamitas, para alertar en caso de que haya indicios de alguna redada.
“Nosotros no podemos esperar que las leyes cambien, a los políticos, a que las instituciones reconozcan nuestra humanidad, sino que nosotros mismos, como clase trabajadora, tenemos que organizarnos y defender a nuestros vecinos”, dice a Efe Benjamín Prado, representante del grupo Unión del Barrio.
De acuerdo con datos de ICE, dados a conocer por el periódico San Diego Union-Tribune, en el primer cuarto del año fiscal 2018, se detuvo a más inmigrantes que carecían de historial delictivo en este condado (72 %) que en cualquier otra ciudad del país.
Esa “amenaza abierta” que viven actualmente les animó a reanudar un programa que se realizó por primera vez en la década de 1990, cuando era común que departamentos de policía colaboraran directamente con las agencias migratorias, recuerdan sus miembros.
Y lo hacen desde muy temprano después detectaron que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) alistan el terreno para detener a una persona desde primeras horas del día.
Su objetivo no es obstruir el operativo, sino informar a inmigrantes sobre sus derechos y vigilar que no haya abusos por parte de los agentes.
“Nosotros no podemos interferir en una detención”, explica Armando Abundis, también integrante de Unión del Barrio.
El activista destaca que durante este tipo de operativos se deja notar cuando hay un “gran apoyo por parte de la comunidad” y se puede defender de mejor manera los derechos de los indocumentados.
En el poco más de un mes que llevan de nuevo realizando sus rondas ya se han topado en varias ocasiones con las autoridades migratorias.
En una de ellas fueron testigos de cómo agentes federales detuvieron a una persona a las afueras de un restaurante de comida rápida, mientras que la esposa del inmigrante, desesperada, se plantó frente al vehículo oficial para evitar que se lo llevaran.
En otro caso, los activistas se limitaron a alertar a través de una transmisión en vivo en redes sociales sobre la llegada de automóviles que se tenía sospecha eran conducidos por oficiales de inmigración.
Al darse cuenta de que eran seguidos desde lejos, dichos vehículos optaron por seguir a la patrulla comunitaria. Para Prado, esto fue positivo, ya que esto desvió la atención en los operativos al hacer que los agentes se enfocaran en ellos.
La intención de las patrullas comunitarias es impulsar que los propios vecindarios se organicen en contra de lo que consideran “la nueva normalización de persecución”, pues, consideran, la información es la mejor arma contra las detenciones arbitrarias.
Una vez que sale el sol y la ronda llega a su fin, los activistas bajan momentáneamente de sus autos para colocar afiches en los postes o entregar folletos a los vecinos que empiezan a salir de sus casas.
En éstos, les hacen saber sobre la labor que realizan e invitan a denunciar cualquier abuso por parte de las autoridades.
“Nos hemos propuesto defender a nuestras comunidades para poner un alto al hostigamiento de la migra y policía contra nuestras familias trabajadoras”, se lee en uno de ellos.
Aaron y Martín, ambos trabajadores de la construcción, observan estas rondas mientras toman café en un estacionamiento cercano y aplauden el esfuerzo por “proteger a nuestra raza”. Y es que, en los últimos meses, dicen haber visto cómo agentes migratorios “se llevaron a cuatro camaradas” en el mismo vecindario.