COVINGTON, KY.- Brandon Tomás Tomás tardó una década en establecerse en Estados Unidos: una esposa, un empleo estable y cinco hijos nacidos en suelo estadounidense. En solo 20 segundos, esa vida se desvaneció.
Un agente de inmigración que esperaba a otra persona lo vio y le hizo una pregunta inofensiva: “¿Cómo estás?“. Entonces le pidió la documentación. En un instante, este guatemalteco de 33 años llevaba grilletes, estaba detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y se dirigía a prisión y a una probable deportación.
A muchos kilómetros (millas) de la frontera entre México y Estados Unidos, las autoridades están separando a familias en allanamientos contra inmigrantes en sus propias casas y lugares de trabajo, realizados en nombre de la seguridad nacional.
La mayoría de estos cateos pasan desapercibidos fuera de las comunidades afectadas pero son una parte crucial de la amplia represión migratoria del gobierno de Donald Trump, que está provocando un aumento de las detenciones, especialmente de gente sin antecedentes penales.
Durante un lapso de dos días en cinco localidades en el norte de Kentucky, los agentes vigilaron las viviendas antes del amanecer, detuvieron a los hombres que se dirigían a sus trabajos y acudieron a almacenes como en el que Tomás trabajaba desde hacía más de un año. Según los datos del ICE, 20 hombres y dos mujeres fueron detenidos en este tiempo.
De forma silenciosa, se desató una crisis.
Las familias, que apenas llegan a final de mes, perdieron a su único sustento económico. Sus esposas no sabían cómo contratar un abogado o pagar las fianzas. Voluntarios les hicieron llegar dinero en efectivo para pagar las facturas. Los niños necesitaban comida, ropa e ir al colegio, y una consejera escolar dijo que tres alumnos acudieron a ella para hablar sobre el suicidio.
Todavía estaba oscuro afuera el día del mes de diciembre en que un auto se paró cuando Edgar Pérez Ramírez cuando se dirigía a su trabajo. Al principio, los agentes del ICE le preguntaron por otra persona. Después se interesaron por su estatus legal, se enteraron de que no tenía permiso de residencia y lo llevaron a prisión.
Inmediatamente después, su pareja, Carmelinda, dejó de salir del departamento para comprar comida. Su hijo de cuatro años, Franco, no acudió al jardín de infancia durante 15 días porque tenía miedo de llevarlo. En un primer momento le dijo al pequeño que su padre se había ido a trabajar, pero después el niño comenzó a preguntar por qué no regresaba.
Seis semanas más tarde, un juez de inmigración decretó su libertad bajo fianza porque no tenía antecedentes. Sus hermanos y amigos pagaron los 2.000 dólares necesarios.
La mayoría de los días, Carmelinda se queda encerrada en su casa con su hija de año y medio, demasiado atemorizada como para salir a comprar o tomar el autobús. Pérez encuentra trabajo donde puede, pero dice que sigue teniendo miedo.
Operaciones como estas no son nuevas: el ICE llevó a cabo al menos cuatro operativos similares en Kentucky durante el gobierno de Barack Obama, que en sus comienzos detuvo a más personas al año que el de Trump hasta el momento.
Hacia el final del mandato de Obama, el ICE recibió instrucciones para priorizar el arresto de personas que habían cometido delitos graves, que estaban consideradas amenazas para la seguridad nacional o que recibieron una orden para abandonar el país por violaciones de inmigración.
Una orden ejecutiva firmada por Trump alteró estas prioridades, declarando que cualquier migrante que estuviese en el país de forma ilegal era objeto de arresto.
“¿Me siento mal por la difícil situación de algunas de estas personas?”, se preguntó Thomas Homan, director interino del ICE hasta su reciente jubilación, en una entrevista con The Associated Press. “Claro que sí. Soy humano. Soy padre. Pero tengo un trabajo que hacer”.
Pero incluso los defensores de esta política se plantean si los allanamientos merecen la pena dado el sufrimiento que se ve incluso ahora.
“Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque seguimos lidiando con cuatro o cinco familias que realmente no tienen una persona que lleva el pan a casa”, dijo Don Sherman, de la Coalición de la Dignidad del Inmigrante, que encuentra a abogados para llevar estos casos y entrega tarjetas regalo para comprar comida a las familias afectadas.
Según su recuento, los detenidos en Kentucky tienen 19 hijos y la mayoría de ellos son ciudadanos estadounidenses.
La mayor parte de las familias tienen pocas esperanzas de volver a encontrarse aquí, así que han comenzado a pensar en un futuro fuera de Estados Unidos.
Alma Vázquez es la esposa de Tomás. Él es de Guatemala y ella de México y se conocieron trabajando en un restaurante brasileño.
Sus cinco hijos nunca han estado ni en México ni en Guatemala. En cualquiera de los dos países, podrían ser objetivo de las pandillas que asumen que quieren retornan de Estados Unidos tienen dinero. Pero para Vázquez, recuperar a su esposo y mantener a su familia junta es todo lo que importa.
“Les digo que es nuestro turno porque su padre se va irá. Si quieren estar con su padre, tienen que ir con él”, señaló.