NUEVA YORK, NY.- Una suerte de tribunal callejero, formado por niños y adolescentes, hijos de inmigrantes, acusó a diversas entidades bancarias de “complicidad” por contribuir y mantener la expansión de cárceles privadas de inmigración.
El peculiar “juicio” se llevó a cabo frente a la sede corporativa de JP Morgan en Nueva York, en plena avenida Park, donde fue “juzgado” por los hijos de inmigrantes porque financia al GEO Group y CoreCivic, que operan gran parte de los centros privados de detención que albergan a inmigrantes.
“Estamos aquí para responsabilizar al Servicio de Inmigración y Aduanas y a JP Morgan Chase por hacerle daño a los niños inmigrantes y a sus padres. Tenemos evidencia de que ICE ha hecho cosas terribles y que JPMorgan Chase está usando su dinero para financiar los centros privados de detención, donde ponen a las personas en jaulas”, indicó una inmigrante al inicio del proceso.
La protesta, en medio de reclamos de “justicia”, surgió un día después de que se conociera la muerte de Mariee, hija de la emigrante guatemalteca Yazmin Juárez, quien alega que su niña falleció en mayo, seis semanas después de que salieran de un centro de detención en Texas.
Juárez alegó, a través de sus abogados, que la niña estuvo en “condiciones peligrosas, cuidado médico negligente e inadecuada supervisión” pese a sus reclamos, mientras ambas estuvieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y que tras salir de ese centro, Mariee contrajo una infección respiratoria.
Este “juicio” se hizo además luego de surgir información de que el JPMorgan y otros bancos duplicaron la financiación de CoreCivic luego de que la administración del presidente Donald Trump anunciara el pasado abril su política de “tolerancia cero” con la inmigración indocumentada por la frontera sur con México, señaló “Se Hace Camino Nueva York”, una de las organizaciones pro inmigrantes que organizó la protesta.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han insistido que las violaciones a los detenidos aumentan en los centros privados y que el Gobierno federal no ha hecho nada por vigilar estos abusos.
Esta protesta es parte de una campaña lanzada poco después de que Trump llegara la presidencia, por una coalición de organizaciones pro-inmigrantes, que acusan a varias corporaciones como el JPMorgan Chase, al banco Goldman Sachs, Wells Fargo e IBM, entre otras, “de apoyar la agenda de odio” del mandatario.