Inmigración

Niegan último recurso a veterano de guerra que lucha contra deportación

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En una carta presentada en las oficinas de USCIS en Chicago se señaló que el veterano Miguel Pérez sirvió en el Ejército hasta el año 2004, y en Afganistán integró un batallón de las fuerzas especiales que participó en numerosas misiones secretas. Foto Inmigración.com/ Archivo

CHICAGO, IL.- El veterano de guerra de origen mexicano Miguel Pérez Jr., quien lucha contra la deportación a pesar de ser residente permanente en Estados Unidos, perdió hoy un nuevo recurso, por lo que su remoción del país puede ser inminente, informaron su abogado y activistas.

El abogado Chris Bergen informó en un comunicado que las autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) negaron el último recurso presentado en nombre de Pérez para que se anule la deportación.

El 15 de este mes, los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) ya habían negado la ciudadanía que había pedido Pérez, retroactiva al año 2001 cuando se enroló en los servicios especiales del Ejército y fue enviado a combatir a Afganistán.

“Miguel y su familia, así como los grupos que lo apoyan, temen que ICE actúe rápidamente para deportarlo a México”, dijo por su parte Sara Walker, activista de la agrupación La Familia Unida.

La deportación pondría en peligro su vida, por sus problemas de salud que no serían atendidos, y por la posibilidad de que sea víctima de traficantes de droga por su condición de exmilitar, agregó Walker.

El condecorado excombatiente tiene residencia permanente en Estados Unidos pero afronta la deportación después de haber cumplido una pena de siete años en una prisión estatal por tráfico de drogas.

Al quedar en libertad, en septiembre de 2016, ICE lo transfirió a un centro de detención en Wisconsin y desde entonces lucha para no ser deportado.

Pérez se encuentra actualmente en Kankakee, Illinois, a un paso de su remoción del país que puede ocurrir en cualquier momento, dijo Walker.

Los activistas de la Familia Unida hicieron un último llamado al Departamento de Seguridad Nacional, para que se use la discreción y se cierre el caso de Pérez.

“Si este país usa las vidas y sangre de residentes permanentes para enviarlos a la guerra, entonces es responsable de tratarlos de igual manera que los soldados que son ciudadanos”, señalaron.

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