DENVER, CO.- Un grupo de dueños de negocios en el noreste de Nebraska reclamó al alguacil del condado Dakota que no participe del programa federal que permite a guardianes de cárceles asumir responsabilidades en asuntos migratorios por el impacto negativo que tendría en los negocios y en la comunidad.
En una carta enviada este miércoles y difundida hoy, el grupo de unos 50 empresarios afirma que otorgarle competencias en inmigración al personal carcelario podría desanimar a las familias de inmigrantes a reportar delitos.
Además, dicen, afectaría a los negocios frecuentados por esas familias y en los que algunos empleados son inmigrantes.
Además, según los firmantes de la carta, permitir que uniformados locales hagan cumplir leyes federales podría generar actitudes racistas por parte de la policía local e incluso violar “los derechos humanos” de los detenidos o los sospechosos.
“(Las autoridades) no pueden enfocarse sólo en las minorías sin poner en riesgo nuestros negocios”, indicó en unas declaraciones preparadas Adriana Dungan, dueña de un servicio de preparación de impuestos en el condado Dakota y premiada activista comunitaria en ese condado.
El pedido se presentó un mes después de que el alguacil Chris Kleinberg enviase una solicitud al gobierno federal para participar de la nueva versión del programa 287(g), que autoriza a los guardianes de cárceles o policías debidamente entrenados a determinar la situación migratoria de los reclusos o los procesados.
Hasta el momento, 60 jurisdicciones de todo el país participan de ese programa y otras 25 jurisdicciones han enviado la solicitud correspondiente.
El condado Dakota es hasta el momento la única jurisdicción en ese estado interesada en cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
En ese condado, según datos del Buró del Censo, residen 21.000 personas, la mayoría en South Sioux City, con un 49 % de blancos y un 38 % de hispanos. Además, el 22 % de esos residentes son extranjeros.
La cárcel local aloja ahora a unos 100 reclusos al día, cinco veces más que en 2000, a pesar de que la población del condado se ha mantenido estable.
En su respuesta a los empresarios, el alguacil Kleinberg enfatizó que no participará de redadas contra inmigrantes, sino que sólo determinará si alguna de las personas alojadas en la cárcel carece de presencia legal en el país sin necesidad de que intervengan agentes de ICE para obtener esa información.
Y agregó que si la participación del condado Dakota en el programa 287(g) significa un gasto adicional, quedará sin efecto.
“No tengo otra opción. El condado en este momento carece de suficiente dinero”, puntualizó.
El pasado 14 de noviembre ICE recomendó la aceptación del pedido del Condado Dakota, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva.