WASHINGTON.- La ugandesa Deborah Jane, de 42 años, pidió asilo en Estados Unidos después de sufrir un ataque con ácido en su país natal en 2014. “Después de lo que pasó, supe que era hora de salir de Uganda”, dice afligida Jane quien, desde entonces, no ha podido ver a sus cuatro hijos.
“Tenían que venir en 2017 pero como el Gobierno de (Donald) Trump decidió cancelar las reunificaciones familiares de refugiados, aún no he podido volver a estar con ellos”, relató Jane, quien tiene el 50 % del cuerpo quemado, en una conversación telefónica con periodistas.
“De haberlo sabido, no hubiera venido aquí”, lamentó la mujer de 42 años con motivo de la celebración del Día de la Madre en Estados Unidos, festividad que se hace el segundo domingo de cada mayo.
A finales de diciembre, un juez federal de Seattle (Washington) ordenó que se reanudaran las llegadas de familiares, pero cinco meses después Jane no ha recibido ninguna actualización de su caso.
La ugandesa, que reside en Columbus, en el estado de Ohio, recuerda: “Este es mi caso y el de miles de madres que se encuentran en la misma situación”.
Otra mujer que participó en la conversación fue la mexicana Karina Ruiz, quien vive con miedo de ser deportada y está cansada de tener que luchar cada día por seguir cerca de sus hijos, que viven con ella y su marido en la frontera que separa el estado de Arizona y México.
“El miedo a ser separada de mis hijos es real. Por eso tengo que venir cada dos por tres a Washington a presionar al Congreso para que nos dé una solución permanente”, apunta Ruiz, que es beneficiaria del programa migratorio de Acción Diferida (DACA) y directora de la Coalición Dream Act de Arizona.
DACA es un programa que protege de la deportación a unos 690.000 jóvenes indocumentados, conocidos como “soñadores”, que llegaron a EE.UU. siendo niños, permitiéndoles residir y trabajar legalmente.
Trump ordenó que DACA expirara en marzo pasado, pero dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron posteriormente al Gobierno a mantener vivo el programa.
“Estamos en el limbo, y es una situación muy angustiante para nosotros y nuestras familias”, comenta la mexicana, que ha vivido casi 20 años en territorio estadounidense.
Además, las órdenes de Trump para incrementar el número de agentes migratorios impacta a las comunidades fronterizas y dificulta el día a día de Ruiz, sus familiares, amigos y vecinos.
La joven explica que ha visto a padres que han sido arrestados por las autoridades migratorias cuando se dirigían conduciendo al trabajo o recogían a sus hijos en la escuela, detenciones que han acabado en deportaciones a sus países de origen.
“Estoy profundamente preocupada de cómo nuestra nación está tratando a las madres inmigrantes. Trump, por favor, respete a las familias”, indica en esa llamada la reverenda Terri Hord Owens, presidenta de Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).
A pesar de que el mandatario ha tildado a los inmigrantes que llegan a través de la frontera de “criminales”, la realidad es que dos tercios de las personas que llegan irregularmente a EE.UU. son madres con hijos o menores de edad sin la compañía de un adulto que buscan reencontrarse con sus padres.
El caso de Deborah y Karina son sólo dos de los cientos de miles de madres, según datos de varias organizaciones, que siguen esperando volver a ver a sus hijos o, simplemente, esperan no ser separadas de ellos.