LOS ÁNGELES, CA.- Aumenta la esperanza de miles de “soñadores” de poder renovar su Acción Diferida (DACA) tras conocer que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ya aprobó solicitudes enviadas este año después que un juez obligara al Gobierno a reactivar el amparo migratorio.
El portavoz de USCIS Steve Blando confirmó a Efe que la agencia ha “adjudicado favorablemente las solicitudes de renovación de DACA recibidas después del requerimiento preliminar emitido el 9 de enero de 2018 por el Distrito Norte de California”.
Aunque la agencia no aclaró el número de solicitudes aprobadas del contingente de “soñadores” favorecidos por el fallo del juez federal de California William Alsup que enviaron su renovación, la noticia alienta a jóvenes a enviar los documentos y no perder el amparo, que puede renovarse hasta 180 días antes de que expire.
Al menos 11.000 “soñadores” que habían perdido el amparo o estaban en riesgo de hacerlo solicitaron la renovación entre el 10 de enero y el 31 del mismo mes, según datos proporcionados por USCIS.
“Realmente es un número muy bajo de inscripciones para los que han perdido el amparo”, advirtió a Efe Dulce García, “soñadora” y activista que demandó al Gobierno por poner fin a DACA.
“Hay cientos de soñadores que están perdiendo el beneficio y en riesgo de una deportación, y este 5 de marzo ese número va a aumentar muchísimo”, agregó.
El constante llamado para que los “soñadores” se favorezcan del pequeño camino que abrió la corte de California y el juez de Nueva York Nicholas Garaufis un mes más tarde también trae un mensaje de advertencia.
El Gobierno ha reiterado que el amparo solo protege a los jóvenes que tengan aprobada la renovación, lo que abre la puerta a que los jóvenes sean detenidos por autoridades migratorias durante el lapso de tiempo entre que se pide la renovación y ésta es aprobada.
Hay que recordar que la Administración intentó sin suerte que la Corte Suprema interviniese para acortar el proceso judicial después de que un juez considerase que Trump no podía acabar con DACA mientras hubiera litigios pendientes sobre el programa en diferentes cortes porque sus beneficiarios podrían sufrir daños irreparables.
Así que todo depende ahora de la decisión de los tribunales de apelación del noveno y segundo circuito, por lo que si dan la razón al Gobierno sobre DACA a partir del 5 de marzo miles de jóvenes podrían verse de un día para el otro sin permiso de residencia ni de trabajo.
“La Acción Diferida de un solicitante, según la política de DACA, comienza el día en que USCIS aprueba la solicitud de renovación”, reiteró Blando sobre este permiso de residencia y trabajo de dos años de duración.
La dependencia federal advierte de que no proporciona de forma “activa” información de las personas que han estado bajo el programa de DACA con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP). Sin embargo, aclaró que esa colaboración se puede dar cuando el individuo enfrente un aviso de comparecencia.
García asegura que esta es la mayor preocupación de los activistas y “soñadores” como ella, especialmente en vecindarios cercano a la frontera.
“Aquí en San Diego (California) es muy común encontrarse con un retén de la Patrulla (Fronteriza) y dependemos de cómo los agentes quieran interpretar las normas, incluso pueden arrestar a alguien que esté en su proceso de renovación”, insistió.
Ese es el mayor temor de Jessica Sánchez, una “soñadora” que vive al sur de California, muy cerca de una estación de CBP en el condado de Riverside. La soñadora, oriunda de México, está aún protegida con el amparo, pero a finales de abril las cosas podrían cambiar.
“No he podido enviar la renovación porque no he podido recolectar el dinero para la inscripción, me tomó por sorpresa”, lamentó Sánchez. “Espero poder hacer el proceso en estos días y que me alcance a llegar a tiempo la renovación”.
El trabajo de las organizaciones se ha dividido entre seguir con la lucha para convencer al Congreso a que logre un acuerdo e impulsar la renovación.
“La ventana de oportunidad se ha abierto un poco más. Mientras seguimos luchando por una solución permanente hay que protegernos como se pueda”, señaló Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
Los activistas estiman que el número de peticiones de renovación irá en aumento en los próximos días.
A 31 de enero USCIS tenía 29.606 solicitudes pendientes de procesar, entre ellas parte de las peticiones que llegaron después del 9 de enero cuando se reabrió el proceso.
Blando aseguró que USCIS está asignando los recursos necesarios para cumplir con las cargas de trabajo que enfrentan.
Por su parte, Sánchez espera favorecerse de esta política: “Ojalá que aprobando mi caso no se demoren más de seis semanas; ése es el tiempo que tengo de protección, tendré que confiar en el Gobierno”.