TUCSON, AZ.- Casi 30 años después de haber cruzado la frontera de manera ilegal, Cesar Vargas, líder del movimiento de los “soñadores”, recibió finalmente su “green card”, un triunfo con cierto sabor amargo al pensar en sus compañeros de lucha en pro de un futuro en el país que consideran el suyo.
“Esta es una victoria personal agridulce, ya que hay miles de jóvenes amparados con DACA (Acción Diferida) que se encuentran en peligro de perder esta protección y también merecen ser residentes legales”, dice Vargas, cofundador del Dream Action Coalition, en entrevista telefónica con Efe.
Vargas tenía solo cinco años cuando, de la mano de su madre y junto a sus hermanos, cruzó la frontera de manera ilegal.
De esta experiencia no recuerda mucho, solo que “corrió y corrió” y que su hermano se cayó y lo recogió una persona que los ayudó para que no los agarrara agentes de la “Migra” (Inmigración).
Esta experiencia y el amor de su familia lo llevaron a seguir sus sueños y convertirse en el primer abogado de inmigración indocumentado en Nueva York después de una batalla legal en las cortes ya que le negaban el derecho de ejercer su profesión debido a su estatus migratorio.
Este mexicano originario de Puebla indica que navegó el complicado sistema migratorio y, gracias a DACA, y el amor de su esposa logró crear su propio camino hacia la residencia y una futura ciudadanía estadounidense.
Pero no todos los jóvenes bajo el amparo de este programa, creado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, para protegerles de la deportación y que ahora la Administración Trump quiere derogar, pueden regular su estatus migratorio, aunque estén casados o tengan familiares estadounidenses.
En su caso especifico, Vargas tramitó un permiso especial que anteriormente otorgaba el Gobierno federal a los jóvenes con DACA para salir y regresar al país, conocido como “advance parole”.
Al tener en su registro una entrada “legal” al país, Vargas pudo ajustar su estatus y quedar exento de una ley que castiga hasta con 10 años sin poder regresar a los EE.UU. a personas que han vivido de manera ilegal en este país.
Después de que el ala dura de los republicanos calificase el “advance parole” como una “amnistía por la puerta trasera”, el presidente Donald Trump pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) restringir la emisión de estos permisos.
“Cuando nosotros tramitamos estos permisos después que nos dieron el DACA fue porque queríamos ir a México a visitar a nuestras familias, conocer un país que dejamos de niños y nunca pensando cómo afectaría un camino a la ciudadanía para muchos jóvenes en el futuro”, explica Vargas, de 34 años.
Un fuerte crítico de esta medida ha sido el Senador Chuck Grassley (R-Iowa), quien ha hablado duramente en contra de la Administración Obama por haber creado este “vacío legal” que asegura permite a los beneficiados de DACA abusar de las leyes migratorias para obtener una “tarjeta verde”.
“Hay miles de jóvenes con DACA que, al igual que yo, merecen ser residentes de este país y vemos que la presente administración continua negándoles este derecho”, lamenta el abogado.
Ahora con su “tarjeta verde” en la mano, Vargas asegura tener muchos planes, pero antes de nada seguir luchando por una reforma migratoria, ya que entre los millones de indocumentados que se encuentran en peligro de una posible deportación está su hermano, que tiene DACA, y su propia madre.
Después planea ir a México, no de “vacaciones” sino para visitar en la frontera a los soldados veteranos de los EE.UU. que han sido deportados.
Y finalmente, en una meta a largo plazo, quiere convertirse finalmente en ciudadano de este país, porque está convencido que solamente con el voto se puede lograr un cambio a favor de la comunidad inmigrante.