WASHINGTON, DC.- El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, aseguró hoy que tanto él como sus compañeros de partido en la Cámara Alta quieren terminar con las separaciones de familias de inmigrantes indocumentados en la frontera con México.
“Yo y todos los miembros de la conferencia republicana apoyamos un plan que mantenga unidas a las familias mientras se determina su estatus migratorio”, señaló McConnell ante los periodistas junto a varios senadores del Partido Republicano.
Estas declaraciones llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmara su apoyo a la política de “tolerancia cero” aplicada a los inmigrantes en la frontera, y asegurara que los demócratas pretenden que la inmigración ilegal “infeste” el país.
En este contexto, McConnell apuntó que espera alcanzar un acuerdo con los senadores del Partido Demócrata para crear una ley que ponga fin a estas rupturas familiares.
Entre el 5 mayo -inicio de las políticas de “tolerancia cero”- y el 9 de junio, un total de 2.235 familias y 4.548 personas han sido separadas por las autoridades en este contexto, de acuerdo a datos oficiales.
De esas personas, 2.342 son niños que han pasado a ser considerados no acompañados y 2.206 adultos, quienes serán procesados por la vía criminal debido al cruce fronterizo.
“Necesitamos arreglar este problema”, agregó McConnell.
Por su parte, el senador republicano por Texas (EE.UU.), John Cornyn, indicó en esa misma rueda de prensa que la votación en el Senado estadounidense sobre una propuesta de ley que pueda poner fin a las rupturas familiares es “cuestión de días”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró este lunes que la Administración Trump “no va a pedir perdón” por separar a los niños de sus madres, mientras en los medios de comunicación circulan duras imágenes y testimonios de los menores afectados.
El Gobierno ha admitido que la separación de los niños de sus familias en la frontera tiene como fin disuadir la inmigración ilegal, una táctica que ya había adelantado hace un año el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que podría adoptar.