UPALA, COSTA RICA.- Una fundación lanzó hoy en Costa Rica una campaña para defender los derechos de los migrantes, quienes se ven afectados por la escasa atención médica, el pobre acceso a la educación, así como la poca posibilidad de movilización de las personas que viven en zonas transfronterizas.
La iniciativa “Alzo la voz en acción por nuestros derechos”, impulsada por la Fundación Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos), fue presentada ante representantes comunitarios e instituciones locales en el centro del cantón de Upala (norte), provincia de Alajuela, fronterizo con Nicaragua.
La campaña busca que las poblaciones afectadas puedan realizar, con la ayuda de una plataforma digital, denuncias en tiempo real de manera georeferenciada con mapas interactivos, en formato de texto, foto o video, sobre las diferentes violaciones a sus derechos que viven cotidianamente.
Según los promotores de la campaña, la población migrante sufre de explotación laboral, negación de atención médica en centros de salud, deficiente acceso a la educación y obstrucción de los procesos para regularizar su condición migratoria, entre otras.
Muchas de estas situaciones se agudizan en la zona transfronteriza, donde la presencia institucional es escasa.
“Nos interesa el empoderamiento de las personas migrantes, que conozcan sus derechos. Muchas personas solicitantes de refugio, mujeres, jóvenes y niños no tienen acceso a la salud o educación, algunas veces por razones burocráticas donde se da la discriminación y la xenofobia”, afirmó a Efe la hondureña Maricela Hinkelammert, de la Fundación Cenderos, quien tiene 35 años de vivir en Costa Rica.
Entre algunas de las demandas de los migrantes destacan que se respete su derecho a la vivienda, salud, educación, trabajo y el de vivir libre de violencia de género.
Además, los jóvenes pidieron que se les deje participar en los espacios donde se toman decisiones, mientras que los migrantes transfronterizos exigieron que se les respete el derecho al trabajo y a movilizarse libremente.
“Nuestra principal problemática es falta de documentación, que constituye una barrera para hacer valer la salud y educación. Muchos dejamos muestro país por una cuestión de economía y por nuestra condición de irregularidad tenemos menos oportunidades y todo se vuelve más difícil”, expuso la joven migrante nicaragüense, Jusneysi Martínez, que vive en Costa Rica desde hace tres años.
En la plataforma digital, hasta el momento, se han formulado más de 35 denuncias, con lo que se pretende visibilizar la problemática e incidir en las instituciones públicas, los municipios y sus políticas para avanzar en el cumplimiento de los derechos básicos.
Entre las organizaciones que forman parte de la campaña se encuentran la Red de Mujeres Migrantes y Nicaragüenses, la Red de Promotoras Comunitarias en Prevención de Violencia, la Red de Jóvenes Migrantes y Transfronterizos de Upala, y la Red de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes y Transfronterizos.
Estas organizaciones realizarán jornadas informativas sobre derechos humanos y explicarán el uso de la plataforma virtual.
Las organizaciones han participado desde 2016 en un proceso de capacitación facilitado por la Fundación Cenderos y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia de Nicaragua (IPADE), con la financiación de la Unión Europea.