San Francisco, CA.- La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló este jueves a favor de que las personas que soliciten asilo en este país y les sea denegado puedan recurrir a tribunales federales, tal y como pedía la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).
Cuando una persona solicita asilo, agentes del Departamento de Seguridad Nacional inician un procedimiento administrativo para determinar si la persona tiene “un miedo creíble de ser perseguida en su país de origen” y tomar en base a ello la decisión de otorgarle o no este amparo.
En los casos en los que la solicitud es rechazada, y al no tratarse de ciudadanos estadounidenses, los peticionarios no podían hasta ahora presentar recursos contra la decisión, que tenía invariablemente carácter definitivo.
Tras el fallo de la Corte de Apelaciones, quienes hayan sido rechazados podrán litigar en los tribunales bajo jurisdicción del Noveno Circuito, que con la sede en San Francisco, integra 9 estados distintos del oeste, entre ellos Arizona, Nevada, Oregón y Washington, además de la propia California.
La demanda que ha resultado en la resolución de este jueves fue presentada por ACLU en nombre de Vijayakumar Thuraissigiam, un miembro de la minoría étnica tamil de Sri Lanka a quien, según la organización de defensa de los derechos civiles, la Policía de su país “apaleó y torturó” por su actividad política.
Thuraissigiam, de 46 años, huyó de Sri Lanka en 2016 y se dirigió a Latinoamérica, desde donde cruzó la frontera entre México y EE.UU. el 17 de febrero de 2017, logrando acceder al país y siendo detenido por un agente de la patrulla fronteriza.
Su demanda de asilo fue rechazada por el responsable administrativo, en un proceso que ACLU considera “totalmente inadecuado”, ya que no tuvo en cuenta las “pruebas” que aportó el peticionario para demostrar que “los tamiles en Sri Lanka son objeto de tortura”.
Al conocerse el fallo, el director asistente de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Lee Gelernt, aseguró que se trata de una decisión “histórica”, ya que “reafirma el principio constitucional fundamental de que los individuos privados de su libertad tienen derecho a acceder a los tribunales federales”.