Juez respalda a Filadelfia en caso de “ciudad santuario”

protesta marcha inmigrantes santuarioVarias ciudades santuario han optado por limitar su cooperación con agencias federales de inmigración. El Departamento de Justicia ha amenazado con recortar millones de dólares en fondos federales destinados a municipios si no cumplen con ciertos requisitos de cooperación con las agencias migratorias. Foto EFE/Archivo

FILADELFIA, EE.UU.- Un juez federal falló el miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump no puede recortar fondos a Filadelfia por la manera como el municipio trata a los inmigrantes sin autorización.

El juez de distrito Michael Baylson escribió en un memo de 93 páginas que las condiciones que el gobierno federal impuso al municipio para que pudiera recibir fondos son inconstitucionales, “arbitrarias y caprichosas”. También dijo que las medidas de Filadelfia son razonables y apropiadas.

Filadelfia ha dicho que como “ciudad santuario” solo entregará a inmigrantes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas si media una orden de arresto firmada por un juez. El municipio estaba batallando contra los esfuerzos federales para bloquear fondos como resultado de su política.

Una portavoz de la municipalidad dijo que el personal está analizando el dictamen. El Departamento de Justicia no contestó de inmediato a un mensaje que se le dejó en busca de comentarios.

Varias ciudades santuario han optado por limitar su cooperación con agencias federales de inmigración. El Departamento de Justicia ha amenazado con recortar millones de dólares en fondos federales destinados a municipios si no cumplen con ciertos requisitos de cooperación con las agencias migratorias. Los abogados de Filadelfia habían argumentado que la decisión es inconstitucional y que afecta negativamente a residentes al retener fondos destinados para comprar medicamentos para contrarrestar sobredosis de opioides.

El secretario de Justicia Jeff Sessions ha dicho que los municipios que no ayuden a aplicar las leyes de inmigración están poniendo en peligro la seguridad pública, sobre todo cuando se trata de compartir información sobre inmigrantes que han sido acusados de delitos graves.

En abril, una corte federal de apelaciones respaldó a Chicago en un caso parecido.