SAN DIEGO, CA.- El gobierno de Estados Unidos deberá detallar esta semana su plan para reunificar a cientos de familias de inmigrantes en la que los padres han sido deportados o liberados de su custodia, según ordenó hoy un juez federal de California.
Mediante una moción, el magistrado Dana Sabraw, que ve la demanda que ha entablado contra el Gobierno la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) por la separación de familias inmigrantes, pidió al Gobierno que entregue el miércoles una lista de todos los padres no elegibles para reunificación, con información detallada sobre los que no están en el país.
Las autoridades federales aun mantienen bajo su cuidado a unos 650 niños de entre 5 y 18 años, además de unas decenas de menores de cinco años, clasificados como no elegibles para su liberación dentro del plazo establecido por el magistrado.
Los menores no han podido ser devueltos a sus padres los pasados días 10 y 26 de junio, en los plazos establecidos por el juez, en algunos casos porque sus progenitores se hallan fuera del país o fuera de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin que se sepa su paradero.
En pasadas audiencias, Sabraw responsabilizó al Gobierno federal de haber perdido el rastro de cientos de padres.
El juez impuso que ambas partes que presenten su respectiva estrategia para que los menores separados regresen con sus familiares.
No será hasta el jueves cuando ambas partes entreguen un informe al juez y en el que el Gobierno incluya un plan de reunificación para las familias restantes.
Mientras tanto, el mismo juez podría decidir en cualquier momento si concede un plazo de siete días para que padres con una orden de deportación y que recién fueron reunificados con sus hijos evalúen sus opciones, entre las que podría incluirse ser repatriado sin el menor.
Esta solicitud de ACLU se debe a testimonios que suponen que muchos inmigrantes en centros de detención son forzados a tomar decisiones apresuradas y basadas en información engañosa.
Recientemente, abogados del Departamento de Justicia (DOJ) dieron a conocer que unos 1,000 padres que fueron separados de sus hijos en la frontera cuentan con una orden de deportación dado, entre otras razones, que no se otorgó su petición de asilo político.