DENVER, CO.- Un juez de distrito en Colorado dictaminó hoy que el alguacil del condado de El Paso, el segundo más poblado del estado, carece de autoridad para mantener detenidos a indocumentados elegibles para quedar en libertad bajo fianza aunque exista un pedido de las autoridades federales de inmigración.
En su fallo, el juez Eric Bentley ordenó al alguacil Bill Elder “no mantener detenidos” a los presuntos indocumentados sólo para cumplir con los pedidos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) si no existe un orden judicial de arresto.
El magistrado advirtió al alguacil que las detenciones sin orden judicial “infringen la Cuarta Enmienda” de la Constitución de Estados Unidos que, entre otros derechos, protege el derecho de las personas a no ser encarceladas sin causa probable.
Debido a ello, el juez ordenó el cese inmediato de la práctica del condado de El Paso de mantener detenidos a indocumentados que hayan pagado la fianza o completado sus sentencias.
Bentley respondió así a la demanda presentada el pasado 27 de febrero por la filial local de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra la oficina del alguacil Elder en nombre de dos reclusos, Saúl Cisneros y Rut Chávez, quienes permanecieron encarcelados más allá de la fecha de su libertad. En el caso de Cisneros, tres meses más.
La demanda argumentó que “la sospecha de una infracción civil a las leyes federales de inmigración” no es razón suficiente para negarles la libertad a los inmigrantes.
Tras conocerse el fallo, el director legal de ACLU Colorado, Mark Silverstein, expresó en un comunicado que la decisión del juez Bentley “confirma que los alguaciles de Colorado no tienen la autoridad legal de hacer cumplir las leyes federales de inmigración” y aseguró que “mantener a un individuo detenido por pedido de ICE por cualquier duración de tiempo más allá de la fecha de su libertad equivale a un nuevo arresto”.
Silverstein lamentó que “las autoridades federales de inmigración estén tratando de usar los limitados recursos de las alguaciles para su agresiva agenda de deportación”.
Opinó que los alguaciles de Colorado deben recordar que “su juramento es con la Constitución, no con ICE”.
De hecho, gracias a una gestión previa de ACLU Colorado, desde 2016 ninguna de las jurisdicciones del estado responde a los pedidos de ICE, excepto el condado de El Paso.
En la cárcel del condado se alojan casi 1800 reclusos de siete municipios de la zona, aunque el reporte oficial más reciente (2017, con datos de 2016) no revela cuántos de esos presos son inmigrantes.
Según el Buró del Censo, de los 688.000 residentes en ese condado unos 48.000 nacieron en el extranjero.