HOUSTON (TX).- El juez federal Andrew Hanen podría tomar una decisión sobre el fin de la Acción Diferida (DACA) la próxima semana, tras escuchar los argumentos de ambas partes en una demanda contra este programa que protege de la deportación a unos 690.000 jóvenes indocumentados en el país.
En una corte federal de Houston (Texas), el magistrado, quien ya en 2015 bloqueó la expansión de este mismo programa creado durante la Presidencia de Barack Obama (2009-2017), pidió a ambas partes que entregaran mediante un escrito de cinco páginas argumentos adicionales para luego, previsiblemente la próxima semana, tomar una decisión sobre el futuro de este auxilio migratorio.
La audiencia del 8 de agosto se da luego de que el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, interpuso el pasado mayo una demanda en el tribunal del distrito sur de Texas para que esa corte declare ilegal DACA (siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y prohíba al Ejecutivo continuar renovando ese programa de alivio migratorio.
“DACA es inconstitucional porque reescribió la ley federal sobre las objeciones del Congreso”, dijo Paxton, quien agregó que el programa “representa una visión peligrosa del poder Ejecutivo, que le permitiría al presidente anular unilateralmente cualquier ley debidamente promulgada”.
“No se puede permitir que se mantenga sin dañar gravemente nuestra Constitución. Esta demanda es vital para restaurar el Estado de Derecho en nuestro sistema de inmigración”, agregó el fiscal, que presentó la demanda a nombre de una coalición de siete estados, liderados por Texas.
Durante la audiencia, los abogados de la parte demandante argumentaron que DACA es “tan imperfectamente legal como el programa DAPA (Acción Diferida para Padres de Estadounidenses) de la era Obama, destinado a otorgar presencia legal a más de cuatro millones de extranjeros presentes ilegalmente en el país”.
En rueda de prensa posterior a la audiencia, que se extendió por unas 3 horas, representantes del Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal (MALDEF), que representa a 22 beneficiarios de DACA, destacaron que los abogados de la parte demandante no presentaron evidencia de que este programa, creado en 2012, haya afectado al estado de Texas.
Alejandra Ávila, una de las abogadas de esta organización, señaló que ante la ausencia de decisión en esta corte el programa que beneficia a jóvenes indocumentados permanece igual y agregó que “la lucha continua”.
Carla Pérez, una de las 22 beneficiarias representadas por MALDEF y recién graduada de Derecho, señaló que este programa no solo le ha permitido permanecer en el país sino desarrollarse profesionalmente y mostró su decepción de que Texas, el estado en el que se crió, encabece esta demanda.
En septiembre pasado, Trump anunció que DACA debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración, cosa que no ocurrió porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantener vivo el programa, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.
De igual manera, el juez federal con corte en Washington, John D. Bates, reafirmó su orden de reactivar esa protección migratoria con la admisión de nuevas solicitudes, una decisión con la que el magistrado rechazó el recurso del Gobierno a su decisión inicial del 24 de abril.