TUCSON, ARIZONA.- Un juez federal en Arizona declaró hoy inconstitucional una ley estatal aprobada en 2010 que acabó con los programas de Estudios Mexico-americanos (MAS) en las escuelas públicas de Arizona, una decisión que bloquea de manera permanente la aplicación de esta legislación.
En su decisión, el juez federal Wallace Tashima determinó que la ley HB228, que prohibía los programas educativos que “fomenten el odio racial”, no fue aprobada con propósitos educativos, sino por motivos “discriminatorios raciales y propósitos políticos”, los cuales querían terminar ese programa del Distrito Escolar Unificado de Tucson (TUSD), en el sur del estado.
El juez prohibió por ende que el Departamento de Educación y el Superintendente de Educación estatal eliminen programas de estudios étnicos basados en la definición establecida por la ley estatal HB228.
Esta decisión, alcanzada tras un juicio celebrado los pasados meses de junio y julio, abre la puerta para que los programas de Estudios Mexicoamericanos puedan ser restablecidos en las escuelas públicas, si bien es la junta directiva de las escuelas públicas las que deben aprobar su restablecimiento.
Durante el proceso judicial, los críticos a la HB228 argumentaron que el estado violó los derechos constitucionales de los estudiantes y que hubo racismo detrás de los esfuerzos de políticos por terminar con estos programas que se habían impartido por los últimos 14 años.
El pasado mes de agosto, el juez federal Tashima ya había fallado en contra de esta normativa, aunque hoy emitió una “sentencia definitiva” en la que bloquea de manera permanente la polémica ley de 2010, que prohibía en las escuelas públicas de este distrito programas que “fomenten el odio racial de un grupo étnico en contra de otro”.
Los defensores del programa MAS aseguraron en la corte que los alumnos que siguieron este programa aumentaron su rendimiento escolar en otras materias, como matemáticas o inglés, y que fueron un factor determinante para incrementar el número de estudiantes latinos graduados de secundaria.
“Esta decisión es una gran victoria para nuestra comunidad y nuestros estudiantes”, dijo a Efe Richard Martínez, abogado que defendió el programa.