LOS ÁNGELES, CA.- Una corte del Condado Orange dio hoy luz verde a una demanda presentada por una serie de organizaciones civiles contra la ciudad californiana de Los Alamitos, por no acatar la ley SB54 que declara a California (EE.UU.) santuario para los indocumentados.
La decisión del magistrado William Claster, de la Corte Superior del Condado de Orange, fue celebrada por los grupos que presentaron la demanda el pasado mes de abril, entre ellos la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), además de diversos activistas que se apostaron en los exteriores del juzgado, en la localidad de Santa Ana.
En posterior rueda de prensa, Mónica Glicken, directora de la Unidad de Inmigración del Centro de Ley Pública de Santa Ana, manifestó su preocupación por la medida aprobada por el concejo de Los Alamitos, mediante la cual decidieron no acatar la llamada Acta de Los Valores.
“Como madre estoy muy preocupada por el discurso de odio sobre la inmigración y como abogada veo con preocupación que hay miedo entre la comunidad inmigrante y ellos no están enviando sus niños a las escuelas”, dijo hoy Glicken.
Para Pablo Alvarado, director ejecutivo de NDLON, la decisión del concejo la ciudad de Los Alamitos, al sureste de Los Ángeles, de eximirse de la ley “es un error garrafal”, esta basado en “racismo” y responde a motivaciones políticas e ideológicas, según dijo a Efe.
“Esta es una de las pocas ciudades de California completamente dominada por la comunidad blanca y uno de los últimos bastiones de la extrema derecha en California”, aseveró el activista, sobre esta localidad de 11.600 habitantes.
Con un 63,6 % de población blanca no hispana, 23,5 % de residentes hispanos y 12,8 % de asiáticos, según datos de 2017 del censo nacional, Los Alamitos ha sido la única ciudad de California que se ha eximido de cumplir la ley estatal SB54.
No obstante, aquella decisión llevó a otras ciudades y condados del Estado Dorado a presentar demandas contra la constitucionalidad de dicha ley estatal o se adhieran a demandas colectivas.
La puesta en vigor del Acta de los Valores, que prohíbe a las autoridades locales colaborar con las agencias federales de Inmigración, trajo igualmente como reacción un movimiento que busca revocarla a través de un plebiscito en el año 2020.
“Estamos hartos de los funcionarios electos de California que juegan a la política con nuestras vidas y dan prioridad a los delincuentes sobre los ciudadanos y los inmigrantes legales”, señaló en una declaración escrita a Efe Don Rosenberg, uno de los fundadores del movimiento.
Rosenberg, “un liberal de larga data” según se define, perdió a su hijo de 25 años tras ser atropellado en San Francisco en 2010 por un inmigrante hondureño indocumentado que recientemente había recibido el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Actualmente, cerca de 15 ciudades y condados de California participan en demandas legales contra la SB54.