WASHINGTON.- El exgeneral John Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca y antiguo secretario de Seguridad Nacional, presionó a su sucesora en el cargo, Elaine Duke, para que acabara con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite residir y trabajar en EE.UU. a unos 86.00 hondureños.
Así lo publica hoy el diario The Washington Post y la cadena CNN, que citan funcionarios gubernamentales.
En declaraciones a Efe, el portavoz interino del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Houlton, admitió que existía “una variedad de visiones dentro del Gobierno sobre el TPS”, un permiso que el Gobierno otorga de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
El lunes, Duke extendió durante seis meses el TPS para los hondureños, a la espera de que su Gobierno proporcione más información a EEUU, y, además, anunció el fin de ese permiso para Nicaragua, cuyos nacionales deberán dejar Estados Unidos o buscar otra vía para quedarse antes del 5 de enero de 2019.
“Al igual que con muchos otros temas, hubo una variedad de puntos de vista dentro del Gobierno sobre el TPS. Es perfectamente normal que los miembros del equipo de la Casa Blanca sean tomados en cuenta para decisiones importantes”, aseguró Houlton en una declaración remitida a Efe.
Según el vocero, Duke llamó por teléfono a su antecesor en el cargo para pedirle su opinión sobre el TPS, pues el propio Kelly ya en mayo había tomado una decisión importante sobre ese permiso.
Entonces, Kelly decidió extender el TPS para los 58.000 haitianos que viven en Estados Unidos por un periodo de solo seis meses, en vez de los 18 habituales, en una muestra de que podría acabar con el programa, que expira para los haitianos el 22 de enero y cuyo futuro debe ser decidido este mismo mes.
Según The Washington Post, durante las llamadas entre Kelly y Duke, el exgeneral expresó su frustración por el continuo retraso de una decisión final sobre el TPS y aseguró que esas demoras adicionales impiden llegar a una “meta estratégica más amplia” sobre inmigración.
En respuesta a estas presiones, Duke informó a Kelly que planea renunciar a su cargo, que ocupa de manera interina a la espera de que el Senado confirme a Kirstjen Nielsen, nominada por el presidente, Donald Trump, para liderar el Departamento de Seguridad Nacional.
El portavoz de ese departamento, Houlton, negó que Duke planee dimitir y aseguró que la secretaria “está comprometida con continuar su trabajo en el Departamento de Seguridad Nacional”.
Además, Houlton disputó la narración que The Washington Post hace de la llamada entre Kelly y Duke y aseguró que, en ese intercambio, “Kelly le recordó que la decisión sobre el TPS le correspondía a ella” como secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional.
“Con respeto al TPS, la secretaria cree que la ley actual es clara y el Departamento de Seguridad Nacional la hará cumplir. Solo el Congreso puede aprobar una solución permanente y proporcionar a quienes viven en un estado temporal perpetuo un futuro certero”, subrayó Houlton.
De esa forma, el portavoz incidió en la idea de que el Gobierno se limita a hacer cumplir la legislación migratoria de EE.UU., mientras que al Congreso le corresponde aprobar leyes para cambiar el sistema migratorio del país y, si lo considera necesario, proporcionar una solución para los beneficiarios del TPS.
Más de la mitad de los beneficiarios del TPS han vivido en Estados Unidos durante, al menos 20 años, y miles de ellos han tenido hijos que tienen la ciudadanía estadounidense.
En el caso de Honduras y Nicaragua, Estados Unidos concedió el TPS en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica. El Salvador lo recibió en 2001 producto de la destrucción causada por una serie de sismos y Haití en 2010 por su catastrófico terremoto.
La decisión sobre el TPS para El Salvador será anunciada a principios de enero, pues el permiso para los salvadoreños que viven en Estados Unidos expira el 9 de marzo.