CHICAGO, IL.- Funcionarios electos, activistas y organizaciones hispanas de Iowa anunciaron hoy que se movilizarán en las calles y en las cortes para “luchar hasta el final” e impugnar una ley que consideran racista y antiinmigrante.
“Evaluamos la ley y sus consecuencias, pero esto lo vamos a pelear hasta el final”, informó hoy a Efe Mike Carberry, presidente de la Junta de Supervisores del Condado Johnson, cuya ciudad principal es Iowa City.
La SB481, que prohíbe las ciudades santuario en el estado y obliga a la policía a colaborar con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener y deportar indocumentados, entrará en vigencia el 1 de julio, de no mediar alguno de los recursos legales que se preparan en su contra.
Carberry afirmó que la gobernadora estatal, Kim Reynolds, firmó la ley aprobada por la mayoría republicana en la Asamblea Legislativa, “a puertas cerradas y a espaldas de la gente”, por lo que decidió movilizar en su contra a la Asociación de Condados de Iowa y a la Liga de Ciudades del estado.
En cartas enviadas a sus autoridades, señala que la ley “es discriminatoria, divisiva y tendrá un efecto paralizador” en las comunidades inmigrantes.
En particular destaca el daño que sufrirá la “relación de confianza” existente entre los inmigrantes y la policía.
Carberry aseguró que en Iowa no existen ciudades santuario como en otras partes de Estados Unidos, donde las autoridades se niegan a colaborar con ICE en programas que no son de obligatorio cumplimiento, pero igualmente la Oficina del Alguacil del Condado Johnson ha resuelto no realizar “voluntariamente” los pedidos de retención de indocumentados en la cárcel, o la participación de sus agentes en redadas de Inmigración.
La ley prohíbe cualquier esfuerzo que disminuya la cooperación entre los agentes de la policía municipal o estatal y los agentes federales de Inmigración.
Los gobiernos locales que no acaten la ley se exponen a ser castigados con la pérdida de fondos estatales.
“Esta es una de las leyes más crueles e inhumanas que hayamos visto”, declaró a Efe Lena Ávila Robinson, fundadora y presidente de Latinos Unidos de Iowa.
En su opinión, con esta iniciativa se otorga “un poder irreal” a quienes tienen “prejuicios raciales” en el estado, que no identificó, permitiendo que los inmigrantes sean discriminados y deportados.
“No solamente quienes realizan trabajos manuales, sino también a profesionales”, agregó.
Robinson comprometió a su organización en la resistencia a la ley, a través de iniciativas que estudian organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), o la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
Lo mismo dijo Rafael Morataya, del Centro de Justicia Laboral del Este de Iowa, para quien es necesario luchar “en las calles y los tribunales”.
Los activistas confían en la fuerza de los condados para resistir la ley, luego que varios alguaciles manifestaran públicamente su disposición de no aterrorizar a los inmigrantes y mantener las familias unidades.