TUCSON, AZ.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció que una querella contra el Condado Maricopa, en Arizona, por efectuar redadas en sitios de trabajo, se ha cerrado con un acuerdo final que estipula el pago de casi un millón de dólares para los demandantes.
La denuncia, interpuesta en 2014 por ACLU y el grupo Puente Arizona, cuestionó la legalidad de las redadas en sitios de trabajo que desarrolló el entonces alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio, y que llevó al arresto de cientos de indocumentados con cargos por robo de identidad al trabajar con números de Seguro Social que no les correspondían.
Según la nota de prensa de ACLU, la Fiscalía del Condado Maricopa y la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO) pagarán 995,157 dólares a los demandantes por conceptos de gastos legales, y no apelarán una decisión previa de la corte que declaró inconstitucionales las prácticas de Arpaio.
Amparados en una ley estatal, los oficiales condales utilizaban el formulario I-9, un documento migratorio federal rellenado por los trabajadores, para obtener información y detectar caso de robo de identidad.
El acuerdo legal pone un punto final una lucha legal de unos tres años.
Bajo la dirección de Arpaio, MCSO llevó a cabo 80 redadas en sitios de trabajo y arrestó a 806 trabajadores, de acuerdo a ACLU.
Asimismo, entre los años 2007 y 2015, la Oficina del Procurador de Justicia del Condado Maricopa (MCAO) presentó cargos por robo de identidad a 1,864 trabajadores que fueron entregados por la oficina del alguacil y otras agencias del orden locales.
Como parte del acuerdo final continuarán siendo observadas las órdenes de la corte de marzo de 2017, que prohíben a MCSO, ahora al mando del alguacil Paul Penzone, tomar en cuenta solo la información o documentos presentados en una documento I-9 para iniciar una investigación de robo de identidad.
“Se les ha retirado de forma permanente las herramientas a los oficiales del Condado Maricopa que utilizaban de manera ilegal para aterrorizar a los trabajadores inmigrantes y sus familias”, dijo Carlos García, director del grupo Puente, según recoge el comunicado.
“La lucha continua. Estas mismas herramientas que utilizaba Arpaio ahora están siendo aplicadas a nivel nacional, y su legado vivirá en el Condado Maricopa mientras oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) permanezcan dentro de las cárceles de este condado”, agregó.
Tras perder la reelección en 2016, el año pasado Arpaio fue declarado culpable de desacato a la corte en un caso relacionado con prácticas de perfil racial en contra de conductores hispanos, pero se salvo de una eventual condena máxima de seis meses de prisión tras recibir de manos de Donald Trump un indulto presidencial.
Ahora busca ser elegido como candidato al Senado por el Partido Republicano para las elecciones de medio término.