SYRACUSE, KS.- Varios inmigrantes trabajaron como esclavos en una hacienda de Kansas para saldar una deuda contraída con sus patrones con el fin de pagarles a los coyotes que los trajeron ilegalmente a Estados Unidos, según cinco personas que trabajaron allí.
No tenían feriados ni seguro médico y no les pagaban horas extras en la hacienda Fullmer Cattle Co., que cría becerros para granjas lecheras de cuatro estados. Los inmigrantes tenían que comprar ellos mismos las gafas de protección y otros implementos necesarios para el trabajo.
Uno de ellos dijo que se pasó ocho meses limpiando los corrales de los becerros, esparciendo cemento y desempeñando otras tareas en la construcción. Esteban Cornejo, un mexicano que está en el país sin permiso, se fue de Kansas en noviembre tras saldar la deuda, que calcula fue de unos 7.000 dólares.
El recibo de pago que Cornejo mostró a la Associated Press indica que trabajó 182,5 horas, cobrando 10 dólares la hora, en dos semanas, a un promedio de 15 horas diarias, con el domingo franco. Su sueldo bruto fue de 1.828,34 dólares, pero le dedujeron 1.300 dólares “para pagar el avance en efectivo”, que según él fue un préstamo que la empresa le dio para traerlo al país.
Al final de cuentas vio solo 207,46 dólares, según el recibo, el equivalente a poco más de un dólar por hora trabajada en Fullmer Auto Co. Texas LLC, que tiene negocios con Fullmer Cattle.
“Lo que hacen con esa pobre gente es como una esclavitud”, sostuvo Rachel Tovar, otra ex empleada que habló con la AP.
Tovar dijo que fue entrevistada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE, sus siglas en inglés), quienes le preguntaron cómo se manejaba la empresa. El ICE no quiso confirmar si estaba investigando el asunto.
Y Dean Ryan, abogado de la firma, aseguró en un correo electrónico que las denuncias “sencillamente no son ciertas”.
“No hubo pagos a traficantes y nunca los ha habido”, escribió Ryan. Agregó que en Kansas “hay mucha gente dispuesta a trabajar sin que haya que ‘importarla’”.
Ryan dijo que la política de la empresa es dar adelantos a empleados que no tienen crédito. Indicó que el objetivo es permitir que los empleados compren un auto o hagan el pago inicial de una vivienda.
El gobierno de Donald Trump ha adoptado mano dura hacia la inmigración ilegal, pero no ha dicho mucho acerca de las empresas que contratan a trabajadores sin permiso de residencia.
Las penurias que pasaron los trabajadores de Kansas son un ejemplo de la explotación que sufren los inmigrantes cuando las empresas para las que trabajan los obligan a pagar deudas con su trabajo, una práctica conocida como “servidumbre asociada con una deuda”.
Las leyes federales no obligan al patrón a pagar horas extras a los trabajadores rurales. Eric Nicholson, vicepresidente de la Unión de Trabajadores Agrícolas, dijo que no es inusual que una hacienda contrate peones inmigrantes. Algunos usan prácticas por las que se quedan con parte del dinero ganado, pero deducir dinero del sueldo para saldar de deudas “es bastante alevoso”, según Nicholson.
Arturo Tovar, el esposo de Rachel, es un ciudadano mexicano que vivía en Estados Unidos sin permiso de residencia y que fue capataz de Fullmer durante 11 años. Dijo que las cosas funcionan así: Cuando la hacienda necesitaba trabajadores, él preguntaba a los peones si sabían de alguien que quería trabajar en Estados Unidos. La firma le suministraba el teléfono de un coyote en Piedras Negras, México, para que hicieran los arreglos.
La empresa le entregaba un cheque a Arturo Tovar, quien lo cobraba. Luego daba un adelanto al coyote y se completaba el pago cuando la persona llegaba a San Antonio o a Houston, donde alguien lo recogía. Si la policía le preguntaba por el dinero, tenía que decir que era para comprar autos usados en remates de Texas.
Rachel Tovar, quien nació en Estados Unidos, dijo que cuando un empleado tenía casi saldada la deuda, la firma trataba de venderle un auto usado en un posible esfuerzo para mantenerlo endeudado.
Arturo Tovar se fue del país voluntariamente en lugar de ser deportado tras declararse culpable de una falta menor el año pasado, relacionada con denuncias falsas de la empresa después de que él se lastimase en el trabajo, según dice la pareja. La empresa afirma que los Tovar tienen intenciones ulteriores y carecen de credibilidad.
Pero otro ex empleado le dijo a la AP que Fullmer también le prestó a él dinero para que coyotes trajesen a alguien. La AP no identifica a la persona por razones de seguridad.
Un quinto ex empleado confirmó los relatos de quienes permitieron que se usasen sus nombres pero pidió no ser identificado porque también temía por su seguridad.
Fullmer Cattle opera en las afueras de Syracuse, una comunidad agrícola de 1.800 habitantes a poco más de 25 kilómetros (16 millas) de la frontera con Colorado. Ex trabajadores dicen que algunos peones viven remolques de la hacienda o en una propiedad cercana. La firma les deduce el alquiler de sus sueldos.
Fuller dice que cría decenas de miles de becerros Holstein para 18 granjas lecheras de Texas, Kansas, Colorado y Dakota del Sur.
La hacienda de Kansas le dio a su dueño Que Fullmer la oportunidad de empezar de nuevo después de que el servicio de inmigración hizo una redada en su rancho de Chino, California, donde las autoridades dicen haber encontrado trabajadores en condiciones de “esclavitud económica”. También tuvo una operación en Muleshoe, Texas, que quebró.
En 1999 Fullmer se declaró culpable de albergar inmigrantes sin permiso de residencia en California. Fue condenado a seis meses de prisión domiciliaria, al pago de una multa de 10.000 dólares y a 500 horas de servicios comunitarios, según archivos de los tribunales.
En diciembre fue acusado de votar tanto en Colorado como en Kansas en el 2016. Afiliado al partido Republicano, Fullmer es acusado de votar más de una vez y de otras infracciones. El caso está ventilándose todavía en Kansas.
El abogado de la firma dijo en un correo electrónico que como resultado de los problemas que ha tenido en el pasado, Fullmer “se cuida mucho” de no contratar trabajadores sin un status inmigratorio legal.