LOS ÁNGELES, CA.- Inmigrantes que tienen cargos pendientes en cortes locales están entre la espada y la pared por el riesgo inminente de terminar en manos de las autoridades de Inmigración y ser deportados, advirtieron hoy expertos.
Desde que el director interino de Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, oficializó la presencia de los agentes en los tribunales en busca de inmigrantes que representen una amenaza a la seguridad pública, los indocumentados en particular se encuentran en una encrucijada para decidir a qué corte se enfrentan.
Las detenciones van desde casos pequeños, como el arresto de un mexicano en San Diego, cuyo nombre no trascendió y que se encontraba en desacato en una corte local, en abril pasado, hasta la decisión de deportar al guatemalteco Víctor Ramírez, quién esperaba un juicio en Massachusetts por presuntamente violar a una niña de 10 años.
La nueva política de la Administración Trump de arrestar a personas con cargos pendientes incluso ha generado un choque de trenes con los procuradores locales, como el fiscal de distrito Jonathan Blodgett, que había acusado a Ramírez.
Esta deportación priva a la víctima de su día en la corte y de la oportunidad de que se haga justicia”, dijo Blodgett en un comunicado a los medios tras la deportación de Ramírez este mes.
En Georgia, las autoridades del Condado de Gwinnett tuvieron que apresurarse para detener la deportación del hondureño Francisco Yovanny Argueta, de 43 años, acusado también de abusar sexualmente a una familiar suya.
El indocumentado se encuentra en la cárcel del condado sin posibilidad de fianza.
Para la abogada Heather Drabek Prendergast, consejera de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), las autoridades de Inmigración están tratando de crear un paradigma con casos como el de Ramírez y así complacer a su base conservadora.
Sin embargo, estos ejemplos extremos son la excepción, y quienes están acarreando las consecuencias de esta política son inmigrantes con cargos menores.
Prendergast advierte que la determinación de no comparecer ante un tribunal local expone al inmigrante a cargos criminales adicionales. El juez incluso podría emitir una orden de arresto y otras sanciones como multas que quedan en los récords del inmigrante.
Irónicamente, el indocumentado que no se presenta a una corte local por miedo a ser arrestado por agentes del ICE podría afectar su caso migratorio.
“Será visto como un factor negativo en una solicitud de beneficios de inmigración discrecional, y hace que sea más difícil obtener una fianza de ICE o de un juez de Inmigración”, resalta Prendergast.
Jessica López, consejera legal de la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles (LACPD, por sus siglas en inglés), dijo a Efe que “lo mejor es aclarar todas los cargos locales; incluso con el tiempo se puede tener la oportunidad de rebajarlos o borrarlos”.
López, que se enfoca en dar consejería a inmigrantes indocumentados, asegura que los llamados y pedidos de asesoría a LACPD han aumentado considerablemente este año.
La necesidad de asesoría legal ha impulsado a organizaciones como el sindicato UFCW Local 770 a unirse con los defensores públicos de Los Ángeles para instruir a los inmigrantes.
“Nadie está exento de tener un problema con la ley, y aquí lo que queremos es que la gente tenga un consejo adecuado”, explicó Rigoberto Valdez, vocero de UFCW Local 770.
ICE por su parte defiende que sus acciones se enfocan en la seguridad pública.
En un comunicado, Thomas Brophy, director interino de ICE en Boston, explicó que en el caso de Ramírez, “en última instancia, la amenaza a la seguridad pública planteada por este individuo se resolvió mediante la expulsión del país del guatemalteco, por lo que nunca volverá a representar una amenaza para la comunidad”.
La defensa de estas acciones también está avanzando en la política de la Administración Trump de requerir garantías a las agencias estatales y locales para que devuelvan los inmigrantes al ICE, y terminar con las denominadas “ciudades santuario”, dice Prendergast.
“ICE tergiversó la verdad para adaptarla a sus mensajes sobre los inmigrantes y ficharlos como criminales”, agregó la abogada.