Inmigración

Inmigrantes impulsan empleo y reconstrucción de Houston tras azote de Harvey

Los indocumentados de Houston comienzan a superar la desastre que dejó Harvey

Fotografía del 24 de septiembre de 2017 que muestra a un hispano no identificado mientras realiza labores de limpieza en las afueras de su casa en Houston, Texas. Tiempo después del paso devastador del huracán Harvey por Texas, la población indocumentada fue la que menos alcance tuvo a las ayudas públicas para iniciar la reconstrucción de sus casas y regresar a la normalidad. Sin embargo, han sido un factor vital en la reconstrucción de la ciudad. Foto Archivo EFE/Alicia L. Pérez

HOUSTON, TX.- La población inmigrante del área metropolitana de Houston (TX) impulsó el crecimiento laboral del último año y fue decisiva para la reconstrucción tras el impacto del huracán Harvey, según un informe divulgado hoy por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI).

“A pesar de haber sido una de las comunidades más afectadas por el paso de Harvey, fue vital en la reconstrucción de la zona al tener a más de la mitad de los trabajadores en el sector de la construcción”, precisó el documento.

Detalla que esta comunidad representa un tercio del mercado laboral de la región (1,6 millones en 2017, según el Censo), superior a la media nacional que es de alrededor del 20 % del total.

Según el MPI, los inmigrantes en el área metropolitana de Houston son clave en el crecimiento laboral en el periodo de 2017-18 por detrás de las ciudades de Nueva York (Nueva York) y Dallas (Texas).

La organización precisó que a partir de 2017, más hispanos viven en el área metropolitana de Houston, la cuarta ciudad más grande del país, que blancos no hispanos.

El informe “Perfil de la diversa población inmigrante de Houston en un panorama político variable” precisa que pese al aporte económico que representan los inmigrantes, éstos perciben menos honorarios y experimentan un entorno político inestable.

Esa población ha sido una de las más golpeadas por las políticas migratorias actuales, de acuerdo con el informe, y pone como ejemplo la sede regional en Houston de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), que se convirtió en 2017 en la segunda con mayor número de arrestos, después de Dallas.

El documento advierte además que “decenas de miles de personas serán perjudicadas de consideración” si el Gobierno del presidente Donald Trump elimina por completo los programas migratorios Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Unos 36.000 inmigrantes que entraron al país de forma irregular con sus padres participan en el programa DACA. Por su parte, la población en Houston con mayor número de permisos TPS (16.000) son de El Salvador y Honduras (5.000).

El perfil de la diversa población inmigrante de Houston sostiene cambios demográficos sustanciales, como la caída del 4 % en el período 2016-17 de los nacidos en México con el promedio nacional que es del 2 %.

La contraparte es de los inmigrantes de Cuba y Venezuela (223 % cada uno), que encabezan la lista de crecimiento demográfico, seguido de Nigeria (139 %).

El reporte insiste en que los cambios a las normas que regularizan las leyes federales no sólo han perjudicado a los inmigrantes de la clase obrera, sino también a los profesionales que trabajan en la zona en áreas técnicas en la industria petrolera, agrícola y afines.

A pesar de eso, los inmigrantes indocumentados, que son en su mayoría de bajos recursos económicos, “continúan siendo un elemento crítico e indispensable” en la fuerza laboral de Houston, conformada por el 30 % de la población extranjera total.

Los inmigrantes sin permiso para trabajar y los residentes permanentes en Houston mantienen un nivel de pobreza considerable (entre el 28 al 24 %, respectivamente), con un salario anual menor a los 40.000 dólares.

Esa tendencia ha forjado la apertura de un sinnúmero de programas de asistencia por parte de organizaciones cívicas y religiosas para personas de escasos recursos ante el aumento de detenciones por agentes de ICE.

El informe advierte a esas organizaciones a prepararse por la demanda que requerirá los trámites de unas 100.000 personas sin autorización para trabajar que han contraído matrimonio en los últimos años con un ciudadano estadounidense y que esperan regularizar su estatus.

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