LOS ÁNGELES, CA.- Inmigrantes que esperaban tramitar un perdón por ingresar de forma indocumentada al país son las nuevas víctimas colaterales de la decisión del Fiscal General, Jeff Sessions, de impedir los cierres administrativos de los casos, advirtió hoy la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).
La decisión de Sessions afectó de pleno a aquellos indocumentados que están litigando en las cortes sus casos de deportación, y tienen la posibilidad de ajustar su estatus por una petición de un familiar con ciudadanía estadounidense.
La jueza Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de NAIJ, explicó a Efe que estos inmigrantes necesitan que un juez cierre sus casos para que puedan favorecerse del perdón conocido como Solicitud de Exención Provisional por Presencia Ilegal (I-601A).
La exención, establecida durante el gobierno de Barack Obama en 2016, permite a los indocumentados que no están favorecidos por la sección 245i de la ley de inmigración, que permite a ciertos inmigrantes indocumentados tramitar su residencia permanente sin salir de EEUU, pedir un perdón y así evitar la Ley de Castigo de 10 años.
“Para quienes están en corte, este beneficio (I-601A) solo está disponible si se cierra el caso administrativamente. La pregunta inmediata es qué va a pasar con estos inmigrantes tras la orden del Fiscal”, recalcó Marks.
La jueza resalta que mientras Sessions ha presionado a los tribunales de inmigración para que avancen los casos con celeridad, decisiones como quitarles la posibilidad de cerrar los casos a los jueces está “complicando nuestro trabajo en lugar de ayudar a que sea más justo y eficiente”.
Otros de los grandes damnificados por la decisión de Sessions son los menores no acompañados que ingresaron al país en busca de protección.
Marks asegura que con frecuencia estos casos fueron cerrados administrativamente cuando los menores eran víctimas de abuso o abandono de uno de sus padres.
Otra de las contradicciones del Fiscal General estaría en su deseo expreso de avanzar rápidamente en los casos que involucran a delincuentes peligrosos. No obstante, la nueva decisión hizo que los jueces tengan que seguir y ocuparse de casos de menor prioridad.
Aunque no se conoce un número exacto de cuántos inmigrantes podrían estar afectados por este nuevo obstáculo legal impuesto por la Administración Trump, abogados especialistas en inmigración, como Fernando Romo, estiman que pueden ser miles.
Romo pone de ejemplo el caso de un indocumentado, esposo de una ciudadana estadounidense, que fue arrestado en un retén y su caso enviado ante una corte que se ocupa de inmigración.
“Tenía un caso sólido para que su esposa sometiera la petición y pedir el perdón, pero primero el juez tiene que cerrar el caso y ahora no lo puede hacer”, señala.
“El mes pasado, el juez podía cerrar el caso y dejar que se siguieran las peticiones frente al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), pero ahora tendrán que seguir en esa batalla legal que nosotros también vamos a dar”, apunta Romo.
El abogado asegura que tiene varios casos en los que el juez había prometido cerrar el caso en la próxima audiencia para que el proceso de petición siguiera su curso normal.
Según los datos de TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, 657.411 casos esperan ser resueltos en las cortes desde marzo del 2018. California es el estado con más retrasos, con 123.818 casos. Las cortes de inmigración de Texas ocupan el segundo puesto, con 102.096 que esperan una decisión.
Pero la acumulación de expedientes sin resolver podría llegar a más de un millón si la orden de Sessions impacta a los 350.000 casos que fueron cerrados administrativamente por los jueces, y se ordena la reapertura.
Al menos 180.000 de éstos fueron cerrados durante el gobierno de Barack Obama, y la oficina del Fiscal General está estudiando la posibilidad de reabrirlos.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración envió una carta al fiscal pidiendo que mantuviera la autoridad de cerrar casos a los tribunales, pero las recomendaciones fueron desoídas.
“Esta es la razón por la que decimos que los tribunales de inmigración no deberían estar bajo presiones políticas y dependiendo del ejecutivo”, sentenció Marks.