WASHINGTON.- El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo hoy a 21 personas sospechosas de estar ilegalmente en el país durante una redada en tiendas de la conocida cadena 7-Eleven, informaron a Efe fuentes de la agencia federal.
Los agentes migratorios entrevistaron a empleados y gerentes de casi un centenar de comercios de esta cadena en todo el país, después de enviar avisos de inspección, también conocidos como avisos de auditoría I-9.
Veintiuna personas sospechosas de estar en el país de manera ilegal fueron detenidas y recibieron avisos para que se presenten ante un tribunal de inmigración.
“Las acciones de hoy envían un fuerte mensaje a las empresas estadounidenses que contratan y emplean fuerza laboral ilegal”, aseguró en un comunicado el director interino de ICE, Thomas Homan, quien advirtió que este organismo “hará cumplir la ley”.
Las inspecciones se realizaron en un total de 17 estados, incluyendo California, Colorado, Florida, Nueva York, Texas, y en el Distrito de Columbia.
Homan aseguró que las empresas que contratan trabajadores sin documentación “son un factor de atracción para la inmigración ilegal”.
Además, apuntó que el ICE “continuará sus esfuerzos para proteger los empleos para los trabajadores estadounidenses”, al eliminar las ventajas competitivas “injustas” de las empresas que “explotan” la inmigración ilegal.
La cadena estadounidense 7-Eleven no contestó inmediatamente sobre las redadas al ser preguntada por Efe.
Según el comunicado oficial, los avisos de autoría I-9 o NOI son una herramienta utilizada por el ICE para garantizar que las empresas operen con empleados con una autorización de trabajo adecuada.
En 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) realizó una investigación sobre varias franquicias de 7-Eleven que resultó en el arresto de nueve propietarios de franquicias y gerentes por conspirar para cometer fraude electrónico, robar identidades y ocultar y albergar en sus tiendas a empleados extranjeros en situación ilegal.
En su casi totalidad se declararon culpables y se les ordenó pagar más de 2,6 millones de dólares en restitución por salarios robados a los trabajadores.