LOS ÁNGELES, CA.- La ciudad de Huntington Beach entabló una demanda contra el Gobierno de California por la implementación de la ley SB54 que protege a los indocumentados y la convierte en un “estado santuario”, informó hoy el abogado de esta ciudad, Michael Gates.
Tras una decisión de su consejo tomada el lunes, esta ciudad al suroeste de Los Ángeles presentó el miércoles una demanda contra el estado, el gobernador Jerry Brown y el Fiscal estatal por sus políticas migratorias.
Mike Posey, alcalde de la llamada “ciudad del surf”, había manifestado su preocupación por la medida estatal, la cual se opone a las leyes federales, tal como lo “atestigua la reciente acción del Fiscal General de Estados Unidos Jeff Sessions”, en alusión a la demanda federal entablada por la Administración Trump en marzo pasado contra California.
La demanda de Huntington Beach reclama que la SB54 es inconstitucional pues limita las acciones que competen a la ciudad y le impide utilizar recursos generales en unas acciones de control de la ley.
Huntington Beach se suma así, aunque con una demanda presentada a título propio, a una corriente en el Estado Dorado opuesta a la política de “estado santuario” implementada por el Gobierno estatal.
Esta rebelión contra Sacramento (capital del estado) se inició en la ciudad de Alamitos, dentro del condado Orange, cuyo concejo decidió que no acataría la ley SB54.
Luego, el condado Orange decidió unirse a la demanda que el Gobierno federal presentó contra las autoridades californianas por estas medidas relacionadas con la persecución de la inmigración irregular, al que siguieron otras ciudades locales, la última de ellas Escondido, cuyo concejo anoche aprobó sumarse también a esa batalla legal.
Hoy, el concejo de Aliso Viejo igualmente aprobó unirse a la demanda establecida por las autoridades federales.
Asimismo, el Departamento de Alguaciles del Condado Orange comenzó a publicar las fechas de salida de los reclusos como una forma de informar a la comunidad y a las autoridades de Inmigración.
La SB 54, presentada por el entonces presidente encargado del Senado Kevin de León, fue firmada octubre de 2017 por el gobernador Jerry Brown, y estableció de hecho a California como un estado santuario para inmigrantes indocumentados.
La ley, que comenzó a regir el 1 de enero de este año, “prohíbe a las agencias estatales y locales del orden, incluida la policía en las escuelas y departamentos de seguridad, usar los recursos para investigar, interrogar, detener, detectar, o arrestar a las personas con el propósito de cumplir con las leyes de inmigración”.