NUEVA YORK, NY.- La organización Human Rights Watch (HRW) urgió hoy al Gobierno de Estados Unidos a proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados que denuncian delitos y a preservar el programa de visados que les permite optar a un estatus legal en el país.
En un comunicado, la ONG explicó que la “visa U” se creó en el año 2000 para “garantizar que las leyes de inmigración no se usen para obligar a mujeres y niños a soportar abusos por temor a ser castigados si presentan una denuncia ante las autoridades”.
Ese visado, que forma parte de la Ley sobre Violencia contra la Mujer, más adelante fue ampliado para proteger también a aquellos que comparezcan en relación con “28 delitos, incluido el asesinato, la agresión sexual y la trata de personas”.
Cada año se otorgan 10.000 visas U y “la renovación del programa queda pendiente de evaluación este año”, remarcó HRW, que sitúa el tiempo de espera para su obtención en “siete años o más” debido al volumen de casos, lo que supone un “riesgo” para los solicitantes.
“Los inmigrantes que arriesgan sus vidas, sus familias y sus trabajos para asegurarse de que los delincuentes violentos son llevados ante la justicia merecen protección”, dijo Sara Darehshori, asesora legal sénior del programa de EE.UU. de HRW.
La organización elaboró un informe basado en entrevistas con agentes del orden público en cinco estados, abogados de inmigración y víctimas de delitos para argumentar “cómo el programa de visas U hace más seguras” a las comunidades en el país.
En el documento, critica que la Administración Trump retrata a los indocumentados “como delincuentes y una amenaza para la seguridad pública”, pero “la aplicación de la ley depende de la información procedente de todos los miembros de la comunidad”.
“La policía y los fiscales destacaron a Human Rights Watch que la visa U es esencial para garantizar que todos en la comunidad se sientan cómodos denunciando delitos y participando en procesos de justicia penal”, señala el comunicado.
Asimismo, la organización cuestionó el escepticismo en torno a la visa por su posible uso de “manera fraudulenta” y descartó que haya “evidencia disponible públicamente que tienda a indicar” que ese sea un “problema significativo”.
Según HRW, el Congreso de EE.UU. reconoció que los delincuentes “pueden silenciar a las víctimas inmigrantes amenazándolas con la deportación si acuden a las autoridades en busca de ayuda”, por lo que urgió a los legisladores a preservar el programa y “acabar con los retrasos”.