DENVER, CO.- Granjeros y rancheros de Colorado y de Kansas iniciaron esta semana un proceso conjunto de preparación ante posibles operativos de inmigración en sus establecimientos como los ya realizados en Texas, que ocasionaron inconvenientes y retrasos en la producción agrícola.
Según información difundida hoy en Dodge City, Kansas, miembros del Concilio de Criadores de Ganado y del Concilio de Productores Lácteos de ese estado comenzaron a trabajar junto con la Alianza de Empleadores de Inmigrantes de las Montañas Rocosas (RMEIA, con sede en Denver, Colorado) para “preparar un plan” en caso de redadas en busca de indocumentados.
Durante un encuentro en Garden City organizado por la Asociación Ganadera de Kansas, se informó a los participantes de la necesidad de asegurarse de cumplir con la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, en inglés) de 1986 que exige la verificación de que cada empleado puede trabajar en Estados Unidos, usando el formulario I-9.
A principios de agosto pasado, Darren Turley, director ejecutivo de la Asociación de Granjeros de Texas (TAD), había declarado a los medios locales que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) estaba “enfocándose en algunas granjas y en los empleados”.
Ese accionar federal, afirmó Turley, podría causar una reducción en la mano de obra agrícola disponible. Además, dijo, la mayoría de los granjeros no cuentan con la capacidad para verificar la autenticidad de los documentos que presentan sus empleados.
Pero, según RMEIA, eso es exactamente lo que deberían hacer.
“Las leyes requieren que los empleadores verifiquen la identidad y la elegibilidad laboral de cada empleado contratado en Estados Unidos después del 6 de noviembre de 1986”, dice la información provista por RMEIA.
Y ese requisito se aplica a todos los trabajadores, no solamente los extranjeros.
El Formulario I-9 de Verificación de Elegibilidad Laboral es “el primer mecanismo” para cumplir con ese requisito, explicaron los expertos de RMEIA a los granjeros de Colorado y de Kansas. Y el incumplimiento de ese requisito puede llevar a multas, pérdidas de contratos o de beneficios federales y hasta cargos criminales.
Pero revisar esos documentos no resulta fácil. Según un estudio de la Universidad de California en Davis publicado en mayo pasado, es posible que hasta el 70 % de los 1,4 millones trabajadores agrícolas del país carezca de la documentación inmigratoria apropiada.
Y los operativos de inmigración, además de retrasar los trabajos en la granja o el rancho, pueden generar “mala publicidad” que, en ocasiones, afecta irremediablemente el futuro de esos negocios agropecuarios, según RMEIA.
“Este seminario fue muy útil. Fue muy bueno escuchar a otros granjeros que pelean las mismas batallas que nosotros enfrentamos”, declaró la granjera JoAnne Weist, del oeste de Kansas.