SAN DIEGO, CA.- El Gobierno federal rechazó hoy una petición de dar siete días a las familias de indocumentados que han sido reunificadas tras su separación en la frontera con México para analizar sus opciones jurídicas, pues esta medida generaría problemas de espacio en sus centros de detención.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), grupo que demandó al Gobierno por separar a menores de edad de sus padres indocumentados al llegar al país, había pedido siete días para que los indocumentados tengan tiempo suficiente para tomar una decisión “informada” y “sin presiones”.
Pero el Gobierno presentó hoy un documento ante la corte presidida por el juez Dana Sabraw en San Diego (California) en el que dice que ese plazo extra crearía “ineficiencias” en el sistema.
En su opinión, aumentaría además el “costo y obstaculizaría significativamente” su esfuerzos para lograr una expulsión “expedita” del país, indicó David W. Jennings, director adjunto de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por su sigla en inglés), dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sabraw convocó para esta tarde a ambas partes para explicar cómo va el proceso de reunificación familiar de más de 2.500 menores de entre 5 y 18 años de edad antes de que el jueves expire el plazo fijado, después de que el pasado día 10 se cumpliese un primer límite para entregar a los menores de 5 años.
En la vista se discutirán las cifras dadas este lunes por el Gobierno de que han reunificado ya a casi 1.200 niños de los 1.634 que hasta hoy ha catalogado como “elegibles” para ello, aunque todavía cientos de padres son investigados para determinar si califican para verse beneficiados por esta demanda colectiva.
El pasado día 16, Sabraw había ordenado al Gobierno que detuviese temporalmente las deportaciones hasta que se decidiese si daban un más tiempo a los indocumentados para definir su futuro migratorio, plazo que concluía este lunes pero que fue prorrogado por el magistrado hasta hoy.
En opinión del Gobierno, en palabras de Jennings, cada día adicional de “demora en la deportación no solo agotaría los limitados recursos de los contribuyentes, sino que también extendería el tiempo de los extranjeros bajo custodia”, con el consiguiente uso de “camas” en los centros de detención.
El Ejecutivo explicó que han ofrecido dar un plazo no mayor de cuatro días para que inmigrantes decidan si son deportados junto a sus hijos o si optan porque ellos se mantengan en el país bajo el cuidado de un familiar o la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR).
En su escrito, el Departamento de Justicia considera que la petición de ACLU de dar siete días supone un “alivio adicional significativo e injustificado”, del que, además, la corte federal de San Diego “carece de jurisdicción” sobre la materia, aunque está previsto que Sabraw será quien decida sobre el proceso de deportación de estas familias.
Jennings reiteró que a cada padre o madre en esta situación se le entrega un formulario donde puede elegir ser deportado con su hijo, dejarlo en el país o hablar con un abogado antes de tomar dicha decisión.
Hasta hoy, ICE ha compilado 417 de estos formularios, en las cuales, 85 individuos han elegido ser deportados sin sus hijos, 316 han pedido ser reunificados antes de su repatriación y otros 16 han pedido tiempo para consultarlo, de acuerdo con la declaración del funcionario.
Actualmente, ICE cuenta con tres centros de detención en el país que en total tienen las condiciones para albergar entre 2.500 y 2.700 familias. Alojar a cada persona cuesta al gobierno unos 319 dólares por día, según un documento presentado ante la corte.