LOS ÁNGELES.- Un panel de jueces del Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco, California, estableció que los menores no acompañados que ingresaron al país de forma indocumentada tienen derecho a presentarse ante un juez de inmigración para determinar si pueden salir bajo fianza.
Un acuerdo judicial de 1997 en el caso Jenny Lisette Flores v. Edwin Meese, estableció que los menores detenidos deberían obtener audiencias judiciales para tramitar su liberación y también dispuso normas justas para su detención.
No obstante, en abril pasado el Departamento de Justicia, encabezado por el fiscal general Jeff Sessions, argumentó que dos leyes aprobadas por el Congreso revocaron el acuerdo, y los menores perdieron el derecho de tener audiencias para salir bajo fianza.
“En ausencia de tales audiencias, estos niños son mantenidos en el limbo burocrático, dejados para confiar en la alegada benevolencia (del Gobierno) y la opaca decisión”, escribió el juez Stephen Reinhardt en una opinión publicada hoy.
De su parte, Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis, manifestó a Efe que “esta decisión es muy importante, especialmente en este momento que hay muchas agencias del Ejecutivo operando y tomando decisiones en secreto sobre el futuro de estos niños inmigrantes sin respetar sus derechos”.
Cooper, quien forma parte del equipo que respondió a las demandas del Gobierno, explicó que los problemas del Gobierno para acatar la decisión Flores vienen desde el 2015, cuando centenares de niños no acompañados ingresaron al país y quedaron al cuidado del Departamento de Salud.
En su decisión la corte tuvo en consideración estos casos y los colocó como ejemplo en los argumentos de porqué el Gobierno debe acatar el acuerdo de 1997.
Uno de esos ejemplos sobre las detenciones prolongadas fue la de “Héctor”, un menor que pasó 480 días en las instalaciones del Centro de Detención Juvenil de Yolo, al norte de California.
“Con el clima antiinmigrante que estamos viviendo vemos a muchos niños siendo el objetivo de pesquisas injustas. Nuestro deber es protegerlos en este momento”, insistió Cooper.
La decisión del máximo tribunal de apelaciones del estado, que también se opuso en sus momento a la orden ejecutiva que prohibía la entrada al país a inmigrantes de siete países principalmente musulmanes, es una nueva derrota de la Administración Trump en temas de inmigración en el Noveno Circuito.