MANAGUA.- El Gobierno de Nicaragua debió abogar por la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, para evitar que más de 5.000 nicaragüenses indocumentados corran el riesgo de ser deportados, afirmó hoy el politólogo Mauricio Mendieta.
Según el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una de las razones por las que el TPS fue suspendido a Nicaragua se debió a que su Gobierno no solicitó una extensión del mismo.
“El Gobierno de Nicaragua, que se llena la boca diciendo que está al lado del pueblo, debió solicitar una extensión el estatus, porque ellos están en Estados Unidos por un asunto humanitario”, dijo el nicaragüense Mendieta a Efe.
EE.UU. decidió anoche cancelar el beneficio para 5.349 nicaragüenses, que tendrán un año a partir del 5 de enero de 2018 para preparar su regreso a su país de origen.
El requisito principal para ser beneficiado por el TPS es que las personas hayan llegado a Estados Unidos tras sufrir e impacto de un desastre o una guerra.
El especialista advirtió que el Gobierno debía tomar en cuenta que el TPS no afectará solamente a 5.000 personas sino a las familias que cada uno de esos nicaragüenses ayudan a sostener en su país.
“Multiplica a cada nicaragüense beneficiado por el TPS por 3 o por 5, es una cantidad pequeña, pero ellos vienen a un país donde no hay empleo, van a sufrir junto con todos los familiares a quienes les enviaban las remesas”, sostuvo.
Mendieta rescató el hecho de que Estados Unidos permitirá que los beneficiados obtengan un estatus migratorio alterno en los próximos 12 meses, antes de ser deportados.
La mayoría de los nicaragüenses que permanecen en Estado Unidos bajo el TPS fueron desplazados por el huracán Mitch, en 1998.
El Gobierno de Nicaragua, que no reaccionó de inmediato a la suspensión del TPS, ha sostenido en los últimos 10 años que la economía del país es “robusta”, gracias a un crecimiento anual por encima del 4 %, pese a mantenerse como entre los más pobres de América Latina.