MIAMI, FL.- Mientras se acerca el fin del plazo que la justicia le dio al Gobierno del presidente Donald Trump para reunir a las familias inmigrantes separadas en la frontera, las voces en contra de esa política “despiadada” no dejan de resonar.
El juez Dana Sabraw, de San Diego (California), ordenó a la Administración Trump que entregue antes de que finalice el jueves 26 de julio a 2.551 menores de edades entre 5 y 18 años que fueron separados de sus familias este año a consecuencia de la política de tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal.
El Gobierno acortó esa lista a 1.634 menores que son los que considera “elegibles” para la reagrupación familiar ordenada por Sabraw, quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades de migración por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Los restantes niños y adolescentes, de acuerdo con la opinión del Gobierno, no pueden ser devueltos a sus padres, pues o ya fueron deportados o están detenidos por diversos delitos o se considera que representan un peligro para sus hijos, entre otros motivos.
El juez Sabraw, que no ha puesto especial objeción a este argumento, cree factible que la Administración cumpla su orden antes de la medianoche de este jueves e incluso remarcó este martes el “destacado” esfuerzo gubernamental en pro de este objetivo.
Según el Gobierno, de los 1.634 menores ya ha entregado a 1.012 a sus padres.
En cualquier caso, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) calificó hoy la deportación de cientos de padres sin sus hijos de “despiadada y vengativa”.
En los grupos de los que, según el Gobierno, no califican para la reagrupación familiar están los hijos de los 463 padres inmigrantes que ya no están en el país, ya sea porque fueron deportados o salieron voluntariamente sin ellos.
Angélica Salas, directora de Chirla, el mayor grupo californiano de activistas en favor de los inmigrantes, exigió a la Administración Trump que rectifique esta “horrible técnica de tortura” con la que pretende enviar un “mensaje” disuasorio para que los adultos desistan de emigrar a los EE.UU.
“Es una campaña antimigratoria de relaciones públicas monstruosa que solo una administración sádica podría haber ideado”, criticó.
El de este jueves es el segundo plazo que el magistrado dio a finales de junio pasado a la Administración Trump para acabar con los efectos de la separación familiar fruto de la política de “tolerancia cero” hacia los inmigrantes indocumentados.
En el primero, que se cumplió el pasado 10 de julio, el Ejecutivo devolvió a 57 menores de 5 años, mientras que otros 46 fueron considerados “no elegibles” y quedaron retenidos en los albergues a la espera de encontrar una salida a su situación.
Así que, con la duda todavía de qué pasará con estos cientos de niños cuyos padres dejaron sin ellos el país y los considerados “no elegibles”, este jueves el Gobierno deberá entregar al juez un listado con los menores que han sido entregados.
Sabraw ha citado el viernes al Gobierno y a los demandantes, para estudiar el grado de cumplimiento de su orden y acciones posteriores con el resto de menores.
Una de las decisiones pendientes que debe tomar el magistrado es el plazo que EE.UU. debe dar a los padres después de la reunificación para que decidan sobre si inician un largo y complicado proceso migratorio para quedarse en el país o regresan a sus países de origen.
ACLU ha pedido un margen de siete días para que los inmigrantes reciban asesoramiento legal y tengan tiempo suficiente para tomar una decisión “informada” y “sin presiones”, mientras que el Gobierno solo ofrece un máximo de cuatro días para decidir si son deportados junto a sus hijos o si los menores se quedan en el país bajo el cuidado de las autoridades o de un familiar.
Pero el de San Diego no es el único frente judicial del Gobierno fruto de su decisión de separar a las familias, en una medida que canceló hace semanas tras las enormes críticas recibidas, incluso desde el propio Partido Republicano.
Un juez de Los Ángeles analiza una demanda por el trato que han recibido unos 225 menores mientras permanecían en custodia gubernamental, donde, aseguran, han sufrido abusos, pasaron hambre, les dieron comida en mal estado, tuvieron que dormir en el suelo y recibieron amenazas por parte del personal a su cargo.
Todo ello mientras se dilucida también en los tribunales el cumplimiento del denominado “acuerdo Flores”, que desde 1997 impide que los niños permanezcan encarcelados por largos periodos de tiempo y que la Administración Trump se quiere saltar para mantener la presión y mandar el mensaje a los indocumentados de que lo que les espera dista mucho del denominado “sueño americano”.