PHOENIX, AZ.- El fiscal general del Estado de Arizona, Mark Brnovich, determinó que la ciudad de Phoenix no viola la ley estatal SB1070, en respuesta a dudas sobre los cambios que buscan proteger a víctimas y testigos de crímenes, así como a estudiantes en escuelas públicas.
La decisión de Brnovich no solo impacta a la capital del estado sino también afecta la forma en que otras ciudades aplican la controvertida legislación aprobada en el 2010 y que obliga a los departamentos policiales preguntar el estatus migratorio de los detenidos.
El pasado mes de septiembre, el concejal republicano de Phoenix, John Kavanagh, solicitó una investigación a la oficina del fiscal después de que se diera a conocer que el Departamento de Policía de Phoenix había cambiado sus políticas internas, indicando que estarían violando la ley estatal SB1070.
Siguiendo con modelos establecidos en otras ciudades del estado como Tucson, el Departamento de Policía de Phoenix cuestiona solamente el estatus migratorio de personas que han sido arrestadas o detenidas por un delito local o estatal.
Este verano, el consejo de Phoenix votó para revisar las políticas del Departamento de Policía en un intento de mejorar las relaciones con la comunidad inmigrante y para proteger a posibles víctimas y testigos de crímenes.
La política también indica que los oficiales asignados a resguardar los planteles escolares no deberán contactar a oficiales de inmigración mientras se encuentren dentro de las escuelas.
Por su parte, la vicealcaldesa de la ciudad de Phoenix, Laura Pastor, indicó en un comunicado que la decisión del fiscal general es un ejemplo de la fuerza de la ley.
“Estos cambios no fueron establecidos de forma impulsiva, sino cuidadosamente diseñados basados en las necesidades expresadas por la comunidad”, aseveró.