LOS ÁNGELES, CA.- El fiscal de California, Xavier Becerra, divulgó hoy una guía que instruye a los administradores escolares sobre las respuestas a “las fuerzas de seguridad” cuando requieran información personal de estudiantes indocumentados.
La fiscalía estatal precisó que la idea es “ayudar a las escuelas a entender mejor las protecciones que salvaguardan la privacidad de los estudiantes indocumentados y sus familias”.
“En California, casi la mitad de todos los niños tiene un padre o madre que es inmigrante” (…) es nuestro deber defender los derechos de estos estudiantes para que su educación no se vea interrumpida”, destacó Becerra.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos “no tiene lugar en nuestras aulas”, declaró hoy el asambleísta demócrata de Long Beach Patrick O’Donnell a aplaudir la iniciativa.
“Como maestro, soy testigo de que los estudiantes no pueden aprender si tienen miedo”, agregó.
La guía destaca que 250.000 niños indocumentados entre 13 y 17 años están inscritos en escuelas públicas de California y 750.000 estudiantes de primaria y secundaria “tienen un padre o madre indocumentado”.
La guía busca “que el estado y sus educadores hagan todo lo posible para garantizar que todas las escuelas de California sean refugios seguros para los estudiantes y sus familias”.
Recuerda que una ley de California prohíbe a las escuelas requerir la información sobre el número de seguro social federal (identificación que los indocumentados no tienen) y que para fines de inscripción escolar se pueden usar documentos como recibos de pago de impuestos de propiedad, contrato de arrendamiento o recibos servicios como luz o agua, entre otros.
No obstante, cada “distrito puede escoger igualmente aceptar otros tipos (de evidencia)”.
Las agencias educativas locales deben desarrollar políticas y procedimientos escritos para el manejo de la información confidencial de los estudiantes si aún no las tienen, según la guía.
También establece que la información sobre país de nacimiento y datos de entrada al país de los estudiantes extranjeros, necesaria para algunos programas específicos, se debe obtener en un proceso diferente al de la matrícula escolar para evitar que el ser temor por ser indocumentados aleje a los estudiantes o sus padres del registro escolar.
La normativa igualmente señala que las autoridades escolares no pueden suministrar información personal de estudiantes o padres a las autoridades de inmigración excepto en casos específicos de abuso o maltrato infantil o cuando hay una orden judicial.
Una ley estatal que comenzó a regir en enero este año declaró a California “estado santuario para indocumentados” y el fiscal Becerra ha sido proponente de varias demandas contra acciones del gobierno federal relacionadas con el cumplimiento de las leyes de inmigración.