WASHINGTON.- Un grupo bipartidista de ex-secretarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reclamaron hoy a los líderes del Congreso una solución legislativa para los indocumentados que llegaron al país siendo menores, conocidos como “soñadores”, antes del próximo 19 de enero.
El republicano Michael Chertoff y los demócratas Janet Napolitano y Jeh Johnson enviaron una carta instando a los legisladores a aprobar una legislación en las próximas semanas para proteger de la deportación a cerca de 800.000 jóvenes indocumentados que quedaron desamparados después de la eliminación del programa DACA.
“El Congreso necesita aprobar una ley antes del 19 de enero para dar tiempo suficiente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en sus siglas en inglés) para que procese las solicitudes antes de que decenas de miles de indocumentados más pierdan su protección”, escribieron los ex secretarios.
En la misiva, los exfuncionarios subrayan su “fuerte apoyo” a una ley que proteja y dé seguridad a los “soñadores”, jóvenes sin documentación en regla que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y que cumplen otros requisitos.
Según los firmantes, esta legislación es la única manera permanente de prevenir que estos inmigrantes pierdan sus autorizaciones de trabajo y queden sujetos a una deportación inmediata.
Después de ser aprobada, la ley pasaría a ser efectiva el 5 de marzo, 45 días más tarde, fecha en la que los exsecretarios aseguraron que 1.200 indocumentados estarán perdiendo diariamente su protección.
“Establecer este nuevo programa en 45 días sería un logro increíble en un tiempo récord”, añadieron.
Así, los tres signatarios pidieron una acción inmediata para garantizar un programa “exitoso” que evite dificultades significativas para el USCIS, la comunidad empresarial y los propios “soñadores”.
El Gobierno del presidente Donald Trump eliminó el pasado septiembre el plan conocido como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), promulgado por Barack Obama y que protegió de la deportación a 800.000 indocumentados.
El mandatario dio entonces un plazo de seis meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa, que a fecha de hoy aún no ha llegado.