LAS VEGAS, NV.- Cerca de 57 mil hondureños y 5 mil nicaragüenses beneficiados con el Estado de Protección Temporal (TPS), esperan con ansiedad el anuncio del gobierno del presidente Donald Trump sobre la renovación del documento que les permitiría permanecer legalmente otros 18 meses en el país.

Por ley, el gobierno estadounidense debe notificar con 60 días de anticipación la prórroga del amparo. El plazo para Honduras y Nicaragua vence el 5 de enero de 2018, por lo que se espera que el anuncio se haga oficial el lunes de la próxima semana.

El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ha anticipado que no renovaría los TPS por ser precisamente de carácter temporal. Sin embargo, se espera que el gobierno atienda las peticiones de alto nivel que se le han hecho de los países beneficiarios y de congresistas en Washington para que les de continuidad.

A juicio de la abogada de inmigración, Kathia Pereira, acabar con el TPS después de la decisión de terminar con DACA, sería un grave error.

“Recuerdo al ex-Secretario de Seguridad Interna, John Kelly, quien como militar trabajó muy de cerca con los países de Centroamérica y espero que sea él quien tranquilice los ánimos y pida que se renueve el TPS hasta que pase una reforma migratoria”, dijo la abogada a Inmigración.com. “Kelly sabe el riesgo que corren muchas personas al volver a sus países. Sería una decisión política muy mala”.

Sin embargo, fue el propio Kelly quien encendió las voces de alarma sobre el futuro de miles de centroamericanos y caribeños con TPS cuando anunció en su calidad de director de Seguridad Interna que el gobierno otorgaba una última prórroga de seis meses al TPS de Haití, concedido en 2010 tras un terremoto que destruyó gran parte del país.

Cuando Kelly asumió como jefe de gabinete de la Casa Blanca, se reunió a puerta cerrada con el caucus hispano demócrata para hablar de inmigración y seguridad fronteriza. Allí trascendió que había proporcionado “claras indicaciones” de que el TPS sería cancelado.

De confirmarse esta decisión, se estima que unos 300 mil inmigrantes quedarían a la deriva y en riesgo de ser deportados a sus países de origen.

Según el Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress, CAP) miles de niños y jóvenes se enfrentarían a una situación dramática al ser separados de sus padres y tendrían que decidir entre permanecer en EE.UU. sin sus progenitores o ir a un país desconocido para ellos.

El TPS ampara de la deportación a indocumentados que no constituyen una amenaza para la seguridad nacional, además de concederles una autorización temporal de empleo. El amparo se otorga por razones humanitarias como conflictos extremos, desastres u otras situaciones críticas.

El TPS fue otorgado a Honduras y Nicaragua tras el devastador paso del huracán Mitch por Centroamérica en octubre de 1998.