SAN DIEGO, CA.- Un estudio realizado por un investigador de la Universidad de California San Diego (UCSD) muestra que las políticas de las denominadas “ciudades santuario” propician la confianza entre la policía y las comunidades de inmigrantes y de, esa manera, contribuyen a la seguridad pública.
Tom K. Wong, catedrático de Ciencias Políticas de UCSD, que elaboró su informe a partir de entrevistas a inmigrantes indocumentados en el condado de San Diego, encontró que un 60 % de ellos dudaría en reportar un crimen si fuera testigo.
Un 43 % dijo que temería hacerlo incluso aunque fuese víctima de un delito.
“Lo que los resultados muestran es la ansiedad y el miedo que se está creando cuando un inmigrante indocumentado está caminando por la calle y preguntándose si las personas que se supone deben protegerlos están aquí para deportarlos”, dijo a Efe Wong.
Las preguntas en las que se basó la investigación se hacían bajo el supuesto de que los departamentos de policía municipales colaborasen con autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) como quiere la Administración Trump.
Casi un 70 % de los encuestados dijo que, en ese caso, si se requiriese facilitar información de contacto personal para utilizar un servicio público, sería menos probable que él los usase.
También, un 64 % dijo que dudaría en abrir una cuenta bancaria o solicitar un préstamo, mientras que un 68,3 % afirmó que temería asistir a eventos públicos en los que estuviera la policía presente.
Un 43 % señaló que sería menos probable en llevar a sus hijos a programas por las tardes y un 52 % dudaría en buscar un nuevo empleo, según la consulta hecha por Wong.
El investigador sostiene que los hallazgos coinciden con “lo que algunos políticos y activistas proinmigrantes han dicho por décadas” con relación a los efectos de obligar a los inmigrantes a vivir en las sombras y cómo esto atenta contra la seguridad pública.
En base al actual ambiente antiinmigrante a nivel nacional, el investigador considera que no es suficiente con que las autoridades locales se comprometan a no trabajar con agencias federales.
La existencia de una ley, como la SB-54 de California, que declara al estado santuario, da a los indocumentados más confianza.
Wong difiere con el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha criticado al estado de California e insiste en que las llamadas “ciudades santuario” desatan el crimen en dichas comunidades.
“No hay datos que muestren que hay más crímenes en jurisdicciones santuario que en jurisdicciones no santuario, de hecho es lo opuesto”, subrayó Wong.
El catedrático se refería a un análisis hecho con estadísticas del Buró de Investigaciones Federales (FBI) que indica que un condado santuario experimenta una tasa de crímenes un 15 % menor en comparación a condados no santuario.
Wong considera que hay una malinterpretación de la SB-54 de California, ya que no habla de liberar a quienes han cometido delitos serios.
Hace una semana la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó unirse a la demanda del gobierno federal en contra de dicha ley estatal al considerar que atenta contra la seguridad pública.
Para Norma Chávez-Peterson, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego, el informe de la UCSD apunta a que la rebelión contra las “políticas santuario” se basa en una percepción errónea.
“Es totalmente un discurso político que está alejado de la realidad”, comentó a Efe. “Los datos están muy claros”, agregó.