Inmigración

EE.UU. pretende alojar a 5.000 menores inmigrantes en instalaciones militares

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Los hermanos Lily (7 años) y Benji (5) posan con las cartas que escribieron a los nuevos niños albergados en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en julio de 2018, en la sede del centro jurídico Formación para el Desarrollo Ocupacional de las Comunidades Educativas (TODEC) en Perris, California. Foto Archivo EFE

Washington, DC.- El Pentágono informó este jueves de que el Departamento Salud y Servicios Sociales (HHS) le ha solicitado que identifique instalaciones militares en las que pueda alojar, “en caso de ser necesario”, a 5.000 menores inmigrantes hasta el próximo 30 de septiembre.

“El 5 de marzo de 2019, el subsecretario de Salud y Servicios Sociales solicitó al Departamento de Defensa apoyo para localizar espacio para albergar a hasta 5.000 menores extranjeros no acompañados” en sus instalaciones, “en caso de ser necesario, hasta el 30 de septiembre de 2019”, informó el Pentágono en un comunicado.

El año pasado, cuando el Gobierno del presidente Donald Trump fue ampliamente criticado por las condiciones en las que se encontraban alojados los menores que eran separados de sus familias en la frontera, se especuló con la posibilidad de que la Casa Blanca ordenara a las Fuerzas Armadas ceder sus instalaciones, algo que, sin embargo, no llegó a suceder.

Según detalla la nota, representantes de ambos departamentos trabajarán de manera conjunta para identificar qué instalaciones pueden resultar “apropiadas” para tal fin y no se descarta que el Departamento de Defensa ceda, además, determinados terrenos en los que se podrían levantar campamentos “temporales”.

En todo caso, añade el comunicado, será el HHS el que determine si los recursos del Pentágono son finalmente necesarios y, en caso de considerar que así es, deberá presentar “una solicitud adicional” para que el Departamento de Defensa ponga en marcha el dispositivo.

Más de 2.600 menores fueron separados el año pasado de sus padres bajo la política de “tolerancia cero” de la Administración, que exigía el procesamiento penal de todos los inmigrantes adultos que fueran detenidos después de intentar cruzar la frontera sur del país.

La política del entonces fiscal general, Jeff Sessions, creó mucho malestar en la sociedad estadounidense y provocó que Trump la cancelase tres meses después de su implementación.

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