SAN DIEGO, CA.- Después de incumplir este martes la orden judicial de entregar a sus padres a 102 menores de 5 años, la Administración Trump enfrenta desde hoy el reto de reunificar para el próximo día 26 a entre 2.000 y 3.000 menores de edad detenidos tras cruzar la frontera con México.
El juez federal de San Diego (California) Dana Sabraw fue rotundo al decir al Gobierno que los plazos que había impuesto estaban para ser cumplidos, pero aun así la Administración Trump solo se había comprometido a liberar a una treintena de menores de 5 años entre el 27 de junio y este martes.
Hasta mediodía del miércoles, aún no se han presentado cifras oficiales que detallen cuántos menores regresaron con sus padres antes del vencimiento del plazo.
En un documento judicial presentado a primera hora de este martes, el Departamento de Justicia explicó que había entregado a cuatro menores y que había otros 34 casos más que tenía previsto devolver a sus padres ese mismo día.
Para ampliar dicho número, el Gobierno dijo que esperaba ayer los resultados de pruebas de ADN de menores y padres.
Pero los 38 niños que dijo que podría liberar distan mucho del centenar de casos que el juez ordenó que se resolviesen para ayer -de los cuales, 75 eran elegibles para ello-, por lo que el Gobierno le deberá presentar un informe este jueves con los motivos y el tiempo que requerirá para hacer lo propio con el grupo restante.
De nuevo, el juez ha citado en corte a ambas partes este viernes e insinuó que estas audiencias serán frecuentes hasta que todos los niños elegibles sean reunificados con sus padres.
Por tal motivo, abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) temen se repita la situación con el plazo del 26 de julio, en la que el Gobierno debe entregar a entre 2.000 y 3.000 menores separados de sus familias como parte de su política de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal iniciada en abril pasado.
Y todo pese a que Sabraw enfatizó que las fechas son “plazos firmes” y no “metas aspiracionales” para así acabar cuanto antes con esta medida que fue retirada en junio pasado por Trump tras las enormes críticas que le obligaron a suavizar su tan cacareada “tolerancia cero” y dejar que padres e hijos permanezcan juntos.
“El juez no quiere juegos con estas fechas”, subrayó a Efe Bardis Vakili, abogado de la ACLU en San Diego. “El 26 (de julio) es la fecha y el Gobierno necesita trabajar para respetarla”.
Por lo pronto, y en base a lo visto con el grupo de los más pequeños, el juez ha solicitado al Gobierno federal que entregue una lista en la que identifique a todos los niños entre 5 y 18 años que podrían beneficiarse por la demanda colectiva presentada por ACLU.
Vakili reconoció que, al igual que pasó con los menores de 5 años, puede haber algunas excepciones en el grupo de los mayores de esa edad, como en los casos en los que los padres ya han sido deportados, que demorarán más en ver a sus hijos.
Pero, tanto este organismo defensor de derechos humanos como el propio juez no aceptarán demoras derivadas con las pruebas de ADN que el Gobierno está realizando para confirmar el parentesco entre los menores y los padres.
Ambas partes han coincidido en que este método no debe ser obligatorio en los casos que hay otra forma de verificar el parentesco, como un acta de nacimiento, pasaporte o registros médicos.
El juez recalcó en corte que, en conjunto, ACLU y el Gobierno federal “tienen gran cantidad de recursos”, por lo que, de compartir información, podrían agilizar el proceso.
Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes para ACLU, reiteró que esta demanda evidenció cómo la Administración Trump separó a miles de familias sin tener previsto un proceso de reunificación.
“Nunca se estableció una base de datos para estas familias, de haberlo hecho podrían otorgarnos la información de forma más sencilla”, criticó.
Los abogados indicaron además que fue a raíz de que el juez dejó entrever el pasado viernes que no prorrogaría los plazos que se empezó a ver “un progreso” en el Gobierno, aunque insuficiente y tardío para cumplir con la orden.
Para justificar su retraso, el Gobierno alegó que no podía entregar a los niños a deportados, a personas con “antecedentes serios” o a padres que representaban un “peligro” para ellos”, entre otros motivos.
Ante esta situación, dijeron haber “cumplido” con la orden del juez, aunque éste se mantuvo firme y rechazó este martes dar cualquier tipo de prórroga y reiteró que quiere que la Administración acabe con una política que ya había calificado de “brutal y ofensiva”.